La mayoría de las causas tienen su origen en la denuncia que presentara el gobierno de Santiago del Estero en el año 2005.
Uno de los componentes del conflicto por la contaminación del embalse Río Hondo y de la cuenca Salí-Dulce, es la innumerable cantidad de causas que deben afrontar los responsables de las industrias tucumanas (principalmente los ingenios) que están acusadas de provocar el daño ecológico.
De las cerca de 60 firmas radicadas en Tucumán, más de 20 plantas fabriles están bajo procesos judiciales en la órbita de la Justicia Federal por supuesta violación al artículo 55 de la ley de 24.051 de Residuos Peligrosos.
Muchas de estas causas tuvieron su génesis en la denuncia que presentara el gobierno de Santiago del Estero en el año 2005, para frenar la agresión ambiental.
Los procesos judiciales alcanzan a 14 ingenios, dos empresas concesionarias de servicios públicos, tres frigoríficos, dos citrícolas, entre otras. Las causas son instruidas, la mayoría en el Juzgado Federal Nº 2 a cargo de Mario Racedo, que a fin de mes dejará su lugar a Fernando Poviña.
Las restantes son investigadas por Daniel Bejas, juez titular del Juzgado Federal Nº 1. Una cuestión central que busca determinar la Justicia en todos los casos, es si el vertido de los efluentes que provienen de esas industrias afectan los cursos de agua que alimentan la cuenca Salí-Dulce, lo que lo convierte en un delito federal porque afecta a varias jurisdicciones.
Como se dijo, la mayor parte de los expedientes son instruidos en el Juzgado Federal Nº 2 a cargo del magistrado subrogante Mario Racedo, de turno en la época en que las autoridades santiagueñas radicaron las denuncias.
Investigaciones
En los cinco años transcurridos desde el desglose de aquella presentación, Racedo llevó adelante pesquisas en numerosas empresas: Construcciones y Servicios La Banda SRL y Sociedad Aguas del Tucumán -firmas concesionarias, respectivamente de la planta de tratamiento de residuos Pacará Pintado, y del servicio de cloacas y de agua potable-; las citrícolas Cota y Citromax; los ingenios Santa Rosa, Nuñorco, La Trinidad, Cruz Alta, La Florida, Aguilares, Fronterita, Santa Bárbara, San Juan y La Providencia; y los frigoríficos Moderno, La Barraca y Fidensa.
A raíz de la excusación del juez federal Racedo, tres causas por supuesta contaminación del Salí recayeron en el Juzgado Federal Nº 1 a cargo de Daniel Bejas. En ellas se investiga a los ingenios Concepción, Marapa y Leales. Además, Bejas instruye el expediente contra el ingenio La Corona, y los iniciados por la supuesta contaminación del arroyo Calimayo y de la laguna de Guayacanes, causas donde muchas industrias mencionadas anteriormente, están involucradas.
Procesamientos
Fruto de la instrucción de las causas ambientales, el juez federal Mario Racedo procesó a 14 industriales tucumanos por contaminar la cuenca Salí- Dulce. La medida alcanzó a propietarios y directivos de una concesionaria de servicios públicos, de ingenios, de citrícolas y de frigoríficos de la vecina provincia.
Los empresarios procesados por el juez Racedo son Miguel Paz Posse y José Antonio Trujillo, directivos de la citrícola Cota; José Antonio Fernández, administrador del Ingenio Santa Rosa; Julio Colombres, propietario del Ingenio Nuñorco y presidente del Centro Azucarero Regional de Tucumán; Luis Alberto Drube y Santiago Daniel Gasep, responsables del Ingenio La Trinidad; Mario Delfor Criado, gerente de Construcciones y Servicios La Banda SRL -empresa concesionaria de la planta de tratamiento de residuos Pacará Pintado-; dos representantes legales de una papelera; Manuel Aarón Bliman, titular del Frigorífico La Barraca; Jorge Javier Rodríguez Arreyes y Héctor Eduardo Lavaguetti, directivos del Frigorífico Moderno; Leopoldo Domingo Uciardello, empresario vinculado al Ingenio Cruz Alta, y Eduardo Lucas Fornaciari, apoderado de la citrícola Citromax.
Además de los procesamientos, el magistrado subrogante del Juzgado Federal Nº2 de Tucumán libró embargos contra los responsables, a su entender en esta etapa de la instrucción, de la agresión al medio ambiente. También a mediados de este año, elevó a juicio oral las causas contra la citrícola Cota y el frigorífico La Barraca.l

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