El jueves, el juez había procesado nada menos que por asociación ilícita a Marcos Hendler, dueño de la Droguería Urbana, proveedora casi en exclusividad de la obra social de Camioneros. Y ayer hizo lo mismo con otros 17 empresarios (Procesan a 17 empresarios por la mafia de los medicamentos)

Para entender bien todo esto conviene separar qué se investiga y quiénes investigan. Lo que se investiga es la adulteración de remedios, básicamente oncológicos, para cobrar subsidios de la Administración de Programas Especiales (APE). Este organismo maneja unos $ 1.000 millones anuales aportados por las obras sociales y se los reintegra para tratamientos de alta complejidad. Ahí está puesto uno de los focos de la investigación. Moyano controlaba la APE y su obra social es una de las más salpicadas por las maniobras.

Los que investigan son Oyarbide y Bonadio, con historias y perfiles distintos. Oyarbide fue y es un juez mediático y amigo de los poderes de turno. Que absolvió a Kirchner por enriquecimiento ilícito. Bonadio estuvo también próximo al poder en los 90. Hoy se lo considera imprevisible. Ambos manejan causas diferentes pero que se cruzan en el caso del jefe de la CGT.

Oyarbide pretende desde hace tiempo quedarse con toda la investigación y Bonadio no quiere apartarse. Hasta ahora, de los dos, Moyano consideró a Oyarbide el juez confiable. Pero eso cambió. Y aquí hay otra entrada: ¿Oyarbide está haciendo esto por decisión propia y obligado por la causa o porque desde el Gobierno le piden que le ponga a Moyano el cuchillo en la garganta?