Un alto porcentaje de los jueces y fiscales del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba está de acuerdo con pagar el Impuesto a las Ganancias. Pero, como ocurre con todos los magistrados federales y provinciales, los miembros de los ministerios públicos, funcionarios y hasta algunos empleados de los poderes judiciales, no lo paga, amparado en la polémica acordada Nº 20 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que data de 1996.

De acuerdo con la documentación oficial existente en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Unicameral, el 99 por ciento de los jueces, fiscales y asesores letrados designados desde 2003 hasta la fecha dice estar a favor de pagar el tributo. En Córdoba y en todo el país, los magistrados y hasta algunos funcionarios y empleados judiciales no pagan esta imposición o pagan menos.

La exención impositiva de la que gozan magistrados y funcionarios no representa poco dinero. En 2012, el Estado nacional dejó de percibir por esa exención 1.333,5 millones de pesos; en 2013 fueron casi 1.700 millones y, en el Presupuesto 2014, el monto estipulado alcanza los dos mil millones de pesos.