SALTA .- La Oficina de Gestión de Audiencias, recientemente promulgada por el Poder Ejecutivo, se trata de una dependencia judicial que funciona desde hace ya tiempo en la mayoría de las provincias de nuestro país, con un reconocido éxito operativo en materia de ejecución de juicios.

Por ende, su llegada a Salta, una provincia que en los dos últimos años avanzó a pasos agigantados en materia de innovación y renovación judicial, no iba a demorar, aunque, a diferencia de otros distritos, lo hizo en medio de una polémica.

Resulta que cuando se analizó la necesidad de agilizar la realización de juicios por parte del Poder Judicial, sobre todo aquellos que tienen que ver con delitos de microtráfico de droga, la Unidad Coordinador de Lucha contra el Narcotráfico, presidida por ministra de Justicia, Pamela Caletti, echó mano de las estadísticas y opiniones existente en torno a la Oficina de Gestión de Audiencias.

Al analizar, los distintos operadores de justicia y seguridad que confluyen en esa Unidad Coordinadora, creada por el gobierno provincial, coincidieron en sostener que numerosos juicios que están listos para llevarse adelante, esperan por días, semanas y hasta años el "antojo” de algunos jueces.

A decir verdad, en Salta, los debates estaban en manos de las viejas Cámaras del Crimen o de los Juzgados Correccionales, donde anidaban magistrados acostumbrados a darse su buen tiempo para elegir las causas que iban a ventilar.

Como excusas, los jueces tenían una larga lista de razones que partían desde licencias por enfermedad, viajes al exterior, cursos, inhibiciones recurrentes, trámites procesales previos inconclusos hasta algunos "pedidos” de parte del ex gobernador, Juan Carlos Romero, para dormir literalmente algunos expedientes, como el de los intendentes de Cerrillos y Rosario de Lerma o el seguido contra directivos de la Cooperativa del Tábaco.

Ante este cuadro, los operadores reunidos bajo la dirección de Caletti entendieron que había que hacer algo, por lo que se resolvió poner en funcionamientos en Salta esta mesa distribuidora de juicios, cuya reglamentación y puesta en marcha quedó en manos de la propia Corte de Justicia.

Lo llamativo de estas reuniones fue que uno de los jueces de Corte, Guillermo Catalano, dio el visto bueno y coincidió en que la creación de esta oficina era la única vía para poder hacerlos trabajar a los jueces de Juicio del Poder Judicial.

Para los integrantes de la Unidad Coordinadora quedó claro que la voz de Catalano representaba el pensamiento de toda la Corte, por lo que el proyecto no tardó en salir del Poder Ejecutivo rumbo a la Legislatura de la Provincia.

Cortocircuito

Una vez que el proyecto de Ley fue tratado por el Senado, la discusión se trasladó a Diputados, donde un legislador, vocero reconocido de un juez de Corte, generó una disputa interna que llevó a los legisladores de la Cámara baja a interpretar que con la creación de esta oficina se ponía en riesgo el curso de las causas penales.

La mecha encendida fue rápidamente azuzada por algunos medios también afines a este mismo juez de Corte, con lo cual el proyecto de Ley quedó estancado hasta el mes pasado, cuando en una reunión de comisión del Senado, quedó claro que no había ningún riesgo de nada, puesto que el proyecto de Ley nada decía al respecto, a lo que se sumaba el hecho de que la reglamentación de la Oficina quedaba en manos de la misma Corte.

Por ello, para los senadores quedó la impresión de que la Corte no estaba del todo de acuerdo, puesto que uno de sus ministros, autor de la disputa generada en Diputados y reconocido por estas travesuras, salió a intentar frenar la creación de esta Oficina, aunque evitó dar la cara.

Superado esta fallida escaramuza, el proyecto fue sancionado y la semana pasada, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 7853, mediante la cual se creó la Oficina de Gestión de Audiencias, mecanismo que pondrá a los jueces de Juicio a trabajar en la ejecución de juicios.

La Ley exige a la Corte tener en cuenta como prioridades la ejecución de juicios con presos y los casos de microtráfico de drogas. Ahora se espera de la Corte una tarea expedita a fin de que esta oficina no demore en preparar la agenda de juicios para el próximo año, lo cual significa para los jueces más trabajo, puesto que está previsto que los jueces lleven adelante debates unipersonales.

Lo que resta saber es si los magistrados están contentos con la llegada de esta oficina. Por lo averiguado por este medio, los jueces no quieren saber nada al respecto, pues detestan que alguien les marque la agenda y mucho menos que se le exija una determinada cantidad de juicio o peor aún, que los supervisen.