Dos jueces de la Corte Suprema atravesarán, el próximo miércoles, por una prueba -cuanto menos- atípica. La Cámara de Diputados tendrá que admitir o rechazar un pedido de juicio político para los jueces Pedro Llorente y Herman Salvini debido a que los abogados penalistas Dante Vega y Diego Lavado realizaron una denuncia en la Legislatura por "falsedad ideológica" y "prevaricato" (violación de la ley por parte de los jueces).

Hasta el momento, las opiniones están divididas entre los diputados, que deben fundamentar adecuadamente si aceptan darle curso a la denuncia y derivar el caso a la comisión de juicio político para su investigación. Los legisladores anticiparon que analizarán la denuncia seriamente no sólo por la gravedad del supuesto hecho, sino porque varios de ellos tienen discrepancias con el accionar de los jueces en general.

Por un lado, hay quienes piensan que la denuncia es tan grave que no tiene probabilidades de ser cierta y, por el otro, están los que votarán a favor de investigar más a fondo. La Cámara baja deberá, entonces, decidir por mayoría simple si se investigan o no las acusaciones que pesan sobre los jueces para, después, corroborar su veracidad y pertinencia.

En concreto, Vega y Lavado afirman que los jueces falsearon un expediente al decir que los abogados no estaban presentes en la audiencia citada para leer dos fallos por sentencias recurridas, cuando eso no era cierto según ellos. Los penalistas adujeron presentar los escritos correspondientes para comprobar su versión.

Los legisladores que entienden de leyes coinciden en afirmar que si se comprobara la acusación, se trataría de una "maniobra muy burda" por parte de los jueces, algo que no creen que sea tan fácil de hacer. Por este motivo, pretenden tener acceso al expediente en cuestión para tomar una decisión justa.

Los feriados y la necesidad de pronunciarse -de acuerdo con el reglamento- por sí o por no el miércoles podrían jugar a favor de los jueces. Es que hay diputados que creen que la denuncia -tal cual está- tiene pocas probabilidades de ser comprobada y, en esa línea, los legisladores se inclinarían por el rechazo.

"Además, hasta ahora sólo hemos escuchado una campana", sostuvo uno de los diputados. En Tribunales, en tanto, hay tranquilidad porque no creen que haya existido falsedad ideológica y -mucho menos- un acto de corrupción.

"El reglamento indica que lo tenemos que considerar en la próxima sesión", confirmó Jorge Tanús, presidente de la Cámara, al mismo tiempo que confió que no se trata de un tema simple.

Si se le da curso, la comisión especial tendría 30 días hábiles para expedirse y presentar su dictamen a la Cámara que, para entonces, deberá rechazar o aprobar la decisión con dos tercios de los votos.

Desde los partidos, están evaluando las causas y la posición todavía no está tomada. Alejandro Molero -presidente del bloque de la UCR- adelantó que se reunirán el martes por la tarde para analizar la denuncia. Por su parte, Roberto Pradines (PD) comentó que sus colegas están ahondando en los antecedentes.