Asimismo, la ATJ recordó que el paro consistió en la retención de servicio con retiro del lugar de trabajo y concentración en los pasillos de Tribunales.

El gremio judicial le reclama al Gobierno que abone una partida presupuestaria de 15 millones de pesos correspondiente al año 2007 y que debía destinarse a blanqueos salariales. Sin embargo, el Gobierno se negó a pagar dicha suma. Luego el conflicto se judicializó hasta que un fallo de la Justicia determinó que la Provincia debía abonar las sumas en cuestión. Pese a ello el Gobierno no cumplió lo dispuesto por ese fallo.

Intimación

La Secretaría de Trabajo del gobierno provincial resolvió intimar al personal dependiente del Superior Tribunal de Justicia y las distintas áreas y jurisdicciones de la provincia tuteladas por la Asociación de Trabajadores Judiciales (ATJ), a que cesen en forma inmediata las medidas de fuerza y se de la prestación habitual del servicio, bajo apercibimiento de la declaración de ilegalidad de todas las medidas de acción directa, en virtud de lo establecido en la Ley de Servicios Esenciales nº 5.593 y su modificatoria, la Lay .7261.

La intimación a la ATJ fue comunicada vía resolución nº 877, con fecha del 21 de noviembre y se anticipa a las medidas de fuerza establecidas por los trabajadores judiciales para las jornadas de hoy martes 22 y jueves 24 de este mes, que consistirán en la retención de servicios con retiro del lugar de trabajo y concentración y permanencia en los pasillos de los Tribunales.

Entre los principales argumentos que la sostienen, se señala que ya se había intimado a la ATJ a que depusiera de las medidas de fuerza de los días 15 y 16 de noviembre, ya que se considera al servicio de justicia en la provincia, por la ley 5.593 y su modificatoria, la ley 7261, un servicio esencial y las medidas tomadas afectan de sobremanera al conjunto de la comunidad.