La Asociación Bancaria de Tucumán (AB), en representación de un grupo de casi 200 jubilados del ex Banco Provincia, presentó una demanda penal contra miembros del Tribunal de Cuentas (TC) y un funcionario del Poder Ejecutivo, con el fin de exigir el pago de la movilidad y porcentualidad en los haberes del sector.

En su planteo, la AB acusó por una presunta "violación de los deberes de funcionario público" a los miembros del TC: Miguel Chaibén Terraf (presidente), Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal (vocales), y al encargado de la Unidad de Control Previsional del Instituto de Previsión Social (Subsidio de Salud), Roberto Peral.

La denuncia fue presentada ayer por la mañana e incluyó una ruidosa movilización por parte de dirigentes del gremio a los Tribunales Penales de avenida Sarmiento al 400.

Mediante un comunicado, los dirigentes bancarios Carlos Cisneros, Eduardo Bourlé y Rubén Moisello, advirtieron que ya murieron 13 de los 200 jubilados del ex Banco Provincia que desde 1995 tienen sus haberes congelados, sin la movilidad ni porcentualidad que corresponde por ley.

En tal sentido, recordaron que los pasivos de esa entidad financiera acogidos a los beneficios de las Leyes 6.622 y 6.624 que no fueron transferidos a la ANSES y quedaron en la Unidad de Control Previsional, a cargo de Peral, vienen esperando desde hace muchos años que los distintos poderes del Estado provincial les den una respuesta.

"Tienen sus haberes prácticamente congelados desde que se acogieron al beneficio jubilatorio en el año 1995 y recibieron por parte del Ejecutivo provincial apenas algún ajuste insignificante y 'ayudas sociales' que no fueron más que míseras limosnas", explicaron y remarcaron que "este grupo de casi 200 bancarios jubilados viene reclamando que se respeten sus derechos y se apliquen las leyes bajo las que se jubilaron. O sea la aplicación lisa y llana de la movilidad y la porcentualidad del 70% del haber de un empleado bancario en actividad", resumieron.

Planteos sin respuestas

Desde la AB aseguraron que se realizaron innumerables presentaciones y hubo arduas reuniones con distintos funcionarios del Gobierno, que no tuvieron resultados concretos. "Se enviaron desde notas a cartas documento al gobernador Alperovich, las que ni siquiera merecieron respuesta alguna. Se hicieron presentaciones ante el INADI, la Secretaria de Derechos Humanos y el Defensor del Pueblo, denunciando la discriminación y la violación de los derechos esenciales a las personas a que fueron sometidos este grupo de jubilados, al negárseles un haber digno y arrastrarlos al límite de la pobreza e indigencia", apuntaron desde la Bancaria.

Además, señalaron que "se realizó inclusive un presentación ante el TC denunciando el incumplimiento de las leyes por parte de los funcionarios responsables de liquidarles sus haberes". A propósito, comentaron que "en escueta respuesta el TC eludió su responsabilidad en el control de los actos de gobierno y dictó la Acordada 3.441/12 con un tecnicismo carente de juricidad y mucho menos de humanidad", apuntaron.

Con nombres y apellidos

A continuación, los dirigentes bancarios le apuntaron a "Peral, puesto por José Alperovich, para negarles (a los jubilados) sus legítimos derechos a los jubilados, quien en lugar de maltratarlos debería recordar que le pagan -y muy bien- para servirlos".

"Evidentemente, los 2.000 pesos que cobran en promedio los jubilados bancarios no transferidos no se acercan ni por asomo a lo que perciben Alperovich, Roberto Peral, Humberto Rava de 'Derechos Humanos', el ‘defensor del sueldo’ (sic) o los vocales del Tribunal de Cuentas, quienes perciben ingresos en mano de cifras que van entre los $ 35.000 y los $ 55.000", denunciaron los sindicalistas.

Por otro lado, los bancarios se acordaron "de los ingresos que perciben los legisladores, por derecha y por la otra, de quienes no esperamos absolutamente nada. Si al menos tuvieran vergüenza y miraran a la situación de abandono a la que fueron arrastrados los compañeros jubilados del ex Banco de la Provincia de Tucumán", reclamaron. También compararon la situación de esos pasivos con la de "funcionarios judiciales y del Ejecutivo, que cobran simultáneamente jubilaciones con la movilidad del 82% y suculentos sueldos de funcionarios públicos".

En este sentido y a modo de ejemplo, plantearon los casos del "Secretario de Educación, Eduardo Jairala; el Tesorero General de la Provincia, Eduardo Solórzano; el funcionario del Ministerio de Salud de la Nación, Guillermo Alberto López y la contadora del TC Josefina Nieto, esposa de Roberto Peral, casualmente".

Para finalizar, los dirigentes de la AB se expresaron "hartos de esperar a que el gobierno de Alperovich cumpla con la ley. Ya fallecieron 13 compañeros jubilados en esa espera. Es fácil negarles los derechos a los jubilados cuando se es funcionario público y se cobran salarios acomodados. Por eso, esperamos que la Justicia actúe de una vez y repare el grave daño causado por un Estado ausente y sus funcionarios inescrupulosos", completaron.