El Gobierno de San Juan prepara la jurisprudencia para llevar ante el Poder Judicial y lograr que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declare la inconstitucionalidad de la Ley Nacional de Glaciares, por considerar que avanza indebidamente en la potestad de la Provincia sobre sus recursos naturales. Así lo adelantó el Diario de Cuyo y se trata de un la presentación de leyes locales que regulan el desarrollo de la actividad minera en esa Provincia.

Según el diario sanjuanino, Guillermo De Sanctis, jefe de asesores y a cargo de la estrategia judicial en este tema, anticipó que la Provincia recibió la citación del Juzgado Federal Nº 1, de Miguel Angel Gálvez, para ser parte como tercera interesada y necesaria en las tres causas declarativas de inconstitucionalidad presentadas por privados.

El Gobierno ya había anunciado que iba a hacerse parte de la causa, con lo cual, una vez que presente sus argumentos, ésta pasará al ámbito de la Corte Suprema.

El objetivo es presentar a la Justicia todas las normas, leyes, decretos y resoluciones que tengan que ver con el manejo de la propiedad minera y la protección del medio ambiente

El 2 de noviembre pasado el juez Gálvez ordenó la suspensión en el territorio sanjuanino de 6 de los 18 artículos de la ley nacional que ponen trabas a la minería. Una semana después sumó otro fallo en respuesta a dos acciones interpuestas por Barrick, una por Veladero y otra por Pascua Lama.

Estrategia

San Juan elevará toda la jurisprudencia existente donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación afirme la competencia de los tribunales locales en materia de defensa de su propio medio ambiente. "Es de competencia provincial la protección del medio ambiente, eso es así", dijo De Sanctis.

También se incorporarán antecedentes del Poder Ejecutivo, sobre el veto de la primera Ley de Glaciares. En el 2008 la presidenta Cristina Fernández vetó la norma que "prohibe, en los glaciares, las actividades que puedan afectar su condición natural o que impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su avance". El argumento que se usó fue "el establecimiento de presupuestos mínimos no puede limitarse a la absoluta prohibición de actividades, sino por el contrario a fijar parámetros mínimos que las provincias deben asegurar".

Finalmente San Juan va a incorporar además una "amplia descripción de toda la normativa que tiene ésta en defensa del medio ambiente, tanto en el manejo de los recursos naturales como en la protección del ambiente en relación al desarrollo minero", explicó el asesor.

"Vamos a hacer la demostración jurídica de que nuestra legislación en ninguna parte prohibe las actividades productivas, sino que impulsa el desarrollo sustentable con la debida protección del medio ambiente", expresó el funcionario sanjuanino.