El contenido del escrito fue mantenido en reserva por la abogada que eligió Romero para defenderla. Andrea Astudillo, señaló que es un "secreto profesional" y se limitó a informar que lo que se busca es colaborar con la tarea del juez Pastrana.

Astudillo fue conocida en Salta cuando el año pasado integró la lista de diputados nacionales por el justicialismo, que encabezaba Walter Wayar.

El magistrado investiga la venta, en 2004, de las 90 hectáreas de la Finca La Ciénaga que habían sido destinadas en 1998 a Familia Propietaria, y que en 2009, tras sucesivas operaciones, quedaron en propiedad de Estancia El Carmen, una empresa vinculada a Juan Carlos Romero.

Allí el senador nacional está acusado por la fiscal María Inés Loyola por el delito de "peculado", lo mismo que los escribanos Manuel Brizuela y María Cecilia Pérez de la Fuente y el ex interventor del IPDUV, Rubén Fortuny.

La "información sumaria" es un privilegio que el artículo 189 bis del Código Procesal Penal otorga a los legisladores nacionales o provinciales y, por extensión a los ministros del Poder Ejecutivo.

De esa manera, Romero evitará ser indagado y podrá manejarse por escrito durante el proceso de instrucción a cargo de Pastrana. Además, en caso de que quiera procesarlo, el juez deberá pedir con anterioridad su desafuero ante el Congreso de la Nación.

Hasta el momento, el juez Pastrana sólo había tomado declaración informativa a Fortuny, y a Brizuela.

Pero el descargo presentado ayer por Romero ante el juez sólo se refiere al caso de La Ciénaga y no a las otras dos promociones de acción que el martes habían llegado hasta el despacho de Pastrana.

En una de ellas, el fiscal Eduardo Barrionuevo lo acusó, lo mismo que a Brizuela, por organizar una "asociación ilícita".

Barrionuevo evaluó así el caso de la compra de las 4 hectáreas de la ex Boroquímica Baradero por parte del IPDUV al abogado Raymundo Sosa, en 2001. Por otra promoción penal Romero, Brizuela, Laura Inés Wayar, María Cecilia Pérez de la Fuente y Néstor Adrián Dousset Zamora por las operaciones inmobiliarias en torno a la finca San Miguel, municipio El Galpón.

Pastrana aún tiene que decidir si es competente para investigar esas causas que el juez Jorge Sosa Vallejos le mandó considerando que se debe proceder a la acumulación de las causas.

Ese criterio es sostenido también por la fiscal María Inés Loyola, quien presentó esta semana un recurso de inhibitoria para que la causa por los inmuebles vendidos en 2005 por Mercado SRL a la provincia también se tramite en el juzgado de Pastrana.

Ese caso aún se encuentra en el juzgado de Martín Pérez que se inclinó por acumular todos los casos después de la instrucción.

Loyola, se conoció ayer, también solicitó conocer los antecedentes existentes en el Instituto Provincial de Vivienda sobre el ofrecimiento de las 12 hectáreas cercanas al colegio San Pablo que hizo José Luis Agustoni, y que dio pie para que la provincia les ceda después La Ciénaga.

Fortuny dijo que los antecedentes del caso estaban en el IPV.