SALTA.- Si el senador nacional y exgobernador Juan Carlos Romero es declarado responsable de haber cometido defraudación en perjuicio de la administración pública, al haber beneficiado a su familia con bienes del Estado, podría ser juzgado y condenado por la Justicia.

En el Código Procesal Penal está prevista la inhabilitación de funcionarios con fueros para ocupar cargos públicos, en caso sean declarados culpables de algún delito, dependiendo de la sentencia condenatoria y sus alcances.

En 2007, y a pocos días de dejar la gobernación, el exgobernador Romero firmó un decreto beneficiando a una empresa de su familia (Finca de la Represa S.A) con la concesión de un hangar de la Provincia, ubicado en el aeropuerto local Martín Miguel de Güemes.

Por ese hecho, el fiscal de Delitos Económicos Complejos Guillermo Akemeier también pidió la elevación a juicio para el actual concejal capitalino y exsecretario general de la Gobernación, Raúl Romeo Medina, como cómplice primario. Medina fue quien hizo firmar el decreto que aprobó ese comodato, que a su vez había sido suscripto por Ricardo Funes, extitular de la Dirección de Aviación Civil; Funes es considerado cómplice primario y Juan Esteban Romero, hijo del senador nacional, es imputado como coautor del delito denunciado.

El diputado provincial Matías Posadas destacó que la denuncia hecha a fines del año pasado no haya tenido sólo repercusión mediática, sino que sea investigada por los canales judiciales correspondientes. Ante la envergadura de la denuncia tomó intervención Fiscalía de Estado para determinar si la Provincia sufrió algún daño patrimonial.

“El fiscal que intervino (Guillermo Akemeier) entiende que existen elementos suficientes para llevar esta causa a un juicio oral y público, en la que el principal imputado es el exgobernador Juan Carlos Romero por los delitos de negociaciones incompatibles y defraudación a la administración pública. Son delitos graves, con penas importantes, como la inhabilitación para ocupar cargos públicos a futuro”, apuntó el legislador provincial quien hizo la denuncia.

El legislador provincial recordó que el nuevo Código Procesal Penal de Salta fija plazos perentorios. “Hoy podemos estar cerca de un juicio oral y público. Lo que está esperando la sociedad es que estos casos no queden impunes, que Romero sea investigado y que se pueda llegar a un juicio y a una condena. Me parece que es un salto cualitativo para nuestra sociedad”, agregó.

Posadas mencionó que el único privilegio que tiene un legislador son los fueros y la imposibilidad de ir preso, e hizo hincapié en un dato: si Romero no es reelecto este año para que continúe ocupando una banca en el Senado de la Nación, se acabarán sus fueros y “si se llega a algún tipo de condena este tipo de juicio oral, efectiva su sanción a no ser que impida algún cumplimiento que no sea efectivo”.

Pero lo cierto es que se puede concretamente, el nuevo Código Procesal Penal avanzo en estas causas con el juicio, con el procesamiento, con las imputaciones, incluso con los fueros y creo que ese es un avance importante.

Aún siendo senador nacional, Romero fue imputado por defraudación a la administración pública, fue citado a prestar declaración y si el juicio se pone en marcha deberá estar presente frente a frente con el juez, si es que el juez de garantías accede al pedido del fiscal y eleva esta causa a juicio. (Especial )