Hace unos días explotó la polémica por la resolución 1.708 que fue dispuesta el 13 de julio último, donde el Poder Ejecutivo de Misiones otorgaba 13 millones de pesos al Tacurú Social Club, cuya mayor actividad es la práctica de golf, "para la puesta en valor de las instalaciones socio deportivas", manifestaba la resolución. El dinero iba destinado a la construcción de un muro que dividiría al club de una villa. Fue tal la indignación de la opinión pública que el gobernador tuvo que dar marcha atrás con la medida. Paralelamente a este escándalo, funcionarios de segunda línea, hacen honor al perfil de su mandante en el boletín oficial. Contrataciones millonarias y directas a empresas distribuidoras de alimentos (de sospechosa actividad) y ONGs de dudosa procedencia, rodean al Ministerio de Desarrollo Social, manejado por el candidato a intendente de la renovación, el cuestionado Joaquín Losada.

El tema es que todas esas compras con contrataciones directas deben estar fundadas en una necesidad y urgencia para justificar el no llamado a licitación y a la vez tienen que ser autorizados por decretos del gobernador, refrendados por el ministerio que adquiere los productos. En este caso, el de Desarrollo Social.

Pero esto último para algunos ministros no es problema. “Para asistir a familias del interior de la provincia con necesidades básicas insatisfechas y en situación de extrema carencia… la urgencia en la contratación se encuentra fundada en evitar o morigerar situaciones de abandono que solo conducirán a generar escenarios de exclusión social”, fundamentan la mayoría de los decretos del Ministro de Desarrollo Social, para eludir la licitación pública, y comprar de manera directa a proveedores de dudosa procedencia.

En el año 2013, antes que se hiciera pública las precarias contrataciones, uno de los proveedores privilegiados por Joaquín Losada era la empresa Don Carlos SRL. Era o es una distribuidora comercial de alimentos a quien el Ministerio de Desarrollo Social le realizaba compras directas, por montos millonarios. Una de las últimas contrataciones directas que fuera publicada en este medio, fue la de 18.500 módulos alimentarios, que conceden a la compañía cuasi fantasma el generoso monto de 2.501.200 pesos.

La particularidad de la Distribuidora Don Carlos SRL, es que las direcciones indicadas como domicilio comercial de la compañía solo se encontró en su momento, una vivienda familiar en la calle Miño 6071, y en avenida República Oriental del Uruguay 2809 una oficina de Jet Paq.

Los interrogantes y conclusiones que prorrumpieron en su momento fueron: si no hay lugar físico ¿Donde almacenó la empresa 18.500 módulos alimentarios? Y cae de maduro que se trata de una firma cuasi fantasma, ya sea porque no existe o porque simplemente hace de intermediario de las mercaderías que compra el Estado y que Don Carlos se encargó de gestionar con otras empresas. Con lo cual el sentido común hace ver que Don Carlos SRL es un intermediario innecesario, puesto que si el Ministerio de Joaquín Losada, comprara los alimentos a empresas que trabajan con los mismos, abarataría largamente los costos.