El jefe de Policía de la provincia del Chaco, Gustavo Peña, admitió que la investigación judicial fue "exhaustiva" pero prefirió no hacer declaraciones sobre la imputación de la Fiscalía Federal de Resistencia a más de un centenar de agentes policiales activos y retirados, penitenciarios y civiles por las protestas realizadas durante el mes de diciembre en la provincia del Chaco. Además, admitió que es el Organo de Control Institucional (OCI) quién investiga de manera administrativa el accionar de los funcionarios policiales durante los hechos, al no haberse avanzado en la puesta en marcha de las estructuras que creó la ley de Seguridad Pública sancionada por unanimidad hace casi dos años por la Legislatura chaqueña.

“Hay actuaciones judiciales que se están llevando adelante a través de la justicia federal y hay un grupo de fiscales que también está investigando el tema a nivel provincial, que son quiénes llevan adelante las investigaciones respecto de esta situación. Han requerido informes y han llevado a cabo diligencias procesales que tienden a establecer fehacientemente responsabilidades en esta situación”, admitió Peña, en declaraciones a FM La Radio.

El jefe policial aclaró que “no conocemos exactamente el contenido de la investigación judicial”. Sin embargo, reconoció que “lógicamente, en el contexto de esa investigación van a surgir ese tipo de novedades en el sentido de que se llevó adelante una investigación exhaustiva, se han requerido informes y llevado a cabo diligencias procesales que tienden a establecer las responsabilidades que puedan surgir ante los hechos que evidentemente han generado zozobra en la comunidad. Evidentemente, la investigación ha avanzado en el orden federal y provincial”.

Una ley a medias

Según la ley de Seguridad Pública, sancionada por unanimidad en mayo de 2012, la investigación administrativa de los graves hechos sucedidos entre el 8 y el 10 de diciembre debiera estar a cargo de la Dirección de Control Policial, conducida por un funcionario civil, sin estado policial designado por el Ejecutivo con acuerdo de la Cámara de Diputados. Sin embargo, ante la morosidad del Poder Ejecutivo en avanzar en su reglamentación, las investigaciones corren por cuenta del OCI, aunque en una "transición" -según la definió el propio jefe de Policía- en la cuál depende de la Secretaría de Seguridad del Ministerio de Gobierno y ya no de la Jefatura de Policía.