Así surge del expediente iniciado por torturas, robo agravado por la función, privación ilegal de la libertad y severidades calificadas contra Pablo Velazquez, quien sufriera los hechos el 2 de junio pasado, cuando fue denunciado por un caso de violencia familiar.

La nota que consta en el expediente firmada por Lami es del 26 de junio, cuando cinco de los 10 policías imputados estaban detenidos. Señaló su facultad de hacer la solicitud en el marco de la Ley 7742/13 "en procura de velar por los servicios delegados y por el resguardo de la integridad psicofísica del personal policial". Es así que en el momento de la detención, la nota presentada al juez Pablo Farah (quien está a cargo de la causa), ponía a disposición dependencias policiales, instalaciones de Infantería, Caballería y Bomberos. En su argumento sostenía que "al encontrarse alojados los efectivos en Alcaidía tienen contacto con presos comunes que profieren insultos y corren riesgo de ser agredidos".

Otro de los puntos llamativos fueron las conclusiones a los análisis psicológicos de los cinco policías. Desde la División Psicosocial y Laboral de la Policía se concluyó sobre el malestar del personal detenido en Alcaidía. Todas las conclusiones son exactamente iguales, cambiando en cada una solo el nombre de cada uno de los cinco uniformados detenidos.

Las investigaciones siguen. Pero los policías fueron liberados el pasado 2 de julio, pese al pedido de prisión preventiva por riesgo procesal que había indicado el fiscal de Causas Policiales, Gustavo Vilar Rey. Y es que Farah entendió que no había elementos nuevos ni se había presentado el pedido de prisión correctamente. Por ahora estos policías siguen trabajando, en contraposición a la rápida separación de la fuerza de policías que se vieron en un video golpeando a un chico.