Saber qué hacen los hijos cuando quedan al cuidado de un tercero es quizás el anhelo de muchos padres, y más cuando son chicos y aún no saben hablar. Un proyecto de ley busca colocar cámaras de seguridad en los jardines maternales para que puedan verlos en todo momento. La idea nació a raíz de la falta de legislación sobre estas instituciones, lo que quedó de manifiesto cuando salió a la luz la polémica del maltrato a los niños en el jardín Tribilín, en Buenos Aires.

Lorena Meschini, diputada de la Unión Cívica Radical (UCR) que presentó la iniciativa, afirmó que la idea es ponerse en el lugar de los padres que dejan a sus hijos en esos establecimientos sin saber qué pasa con ellos.

“Nos pareció que podía ser una buena herramienta que tengan acceso por internet para ver las imágenes en tiempo real de lo que pasa con los niños ”, explicó la legisladora.

Según el proyecto, cada papá deberá poseer una clave de acceso y un usuario para ver a su hijo desde donde quiera, durante su estadía en la sala. El costo de la instalación de las cámaras correrá por cuenta de los jardines.

“Se trata de dar seguridad. Si el docente trabaja bien, no va a haber ningún problema, porque se supone que no hay nada que ocultar”, sostuvo la legisladora.

La idea de instalar cámaras de seguridad en estas instituciones no es nueva para algunas. De hecho, algunas de ellas ya las pusieron por cuenta propia. Es el caso del jardín Lumpy, de Guaymallén, que las colocó en sus salas hace cuatro años. “Al principio, a los padres les gustó mucho la idea. Pero el hecho de observarlos en vivo y en directo implicaba que no sólo viesen a sus hijos, sino también a los demás niños. Entonces lo pensaron y prefirieron que quedaran los registros grabados”, contó Gabriela Guerra, directora y presidenta de la Asociación de Jardines Maternales.

Guerra comentó que en su experiencia con las cámaras tuvo episodios en los que algún papá le pidió ver los videos porque su hijo se había caído y querían saber cómo había sucedido. “Pero tenerlos para verlos todo el tiempo es como si los convirtiéramos en un ‘Gran Hermano’”, opinó.

Cuando decidió colocar los aparatos, los buscó en Chile porque el precio era menor. “Habría que ver, si sale ley, si todos los jardines pueden pagar por ese servicio”, consideró.

Regulación en espera

La falta de una ley específica sobre los jardines maternales en la provincia es todavía una realidad. Existe en la Legislatura un proyecto que espera ser sancionado cuando comiencen las sesiones ordinarias. El escrito ya fue aprobado por la Cámara de Senadores en diciembre y la semana pasada fue estudiado por la Comisión de Educación de Diputados.

“Creo que es muy importante que Mendoza tenga una regulación con respecto a los jardines maternales, para que todos estemos tranquilos. Es necesario que tengan un programa educativo en común para que los niños que asistan lleguen a la escuela con iguales condiciones”, opinó Milagros Suárez, senadora por la UCR y autora del proyecto. De aprobarse, la ley prevé dos años de plazo para que las instituciones privadas puedan adaptarse y ajustarse a las nuevas exigencias.

Lorena Saponara, diputada por el Partido Justicialista e integrante de la Comisión de Educación que vio el escrito, consideró que no habrá mayores complicaciones a la hora de aprobarse.

La legisladora, quien también fue directora de Educación en Las Heras, dijo que tras su experiencia a nivel ejecutivo observó cómo la falta de legislación complica la tarea de control en esos emprendimientos privados, que involucran cuestiones comerciales y educativas. Sostuvo que lo ideal es que existan normas que digan cómo se debe actuar a nivel didáctico y pedagógico.

El único control es municipal

Hasta hoy, el control de los jardines está en manos de los municipios. Cada uno lo hace de acuerdo con ordenanzas propias que dejan en evidencia la falta de una legislación unificada: algunos lo ven desde oficinas de fiscalización y otros desde educación. Para brindarles un poco de tranquilidad a los padres, las comunas cuentan con registros sobre cuáles son los establecimientos que al menos cumplen con las normas que ellos exigen.

Godoy Cruz es uno de los municipios del Gran Mendoza que cuentan con una ordenanza específica sobre estas instituciones. “Apelamos a que se promulgue la ley. Si bien cumplimos con nuestra parte, falta que el Gobierno ejerza su poder de policía. Es el Estado provincial el que tiene las herramientas de control”, opinó Mariana Caroglio, directora de Educación de Godoy Cruz.

Los lujaninos van un paso más adelante y ya cuentan con la figura de “auditor de jardines maternales”. Géronimo Parra, el auditor, explicó: “Hicimos hincapié en dos aspectos: el edilicio y la idoneidad del personal”. Dijo que uno de los problemas con los que se encuentran es que los dueños de los jardines son reacios a tener personal docente.

Trabajan por la asociación

En simultáneo, los propios jardines maternales también buscan asociarse para poder trabajar en conjunto frente a la no regulación. Gabriela Guerra, presidenta de la asociación que está en proceso de formación, afirmó que ellos como entidad no están al tanto de la ley y que nadie los consultó al respecto.

Una de las cuestiones que despertaron polémica tras lo ocurrido con el caso del Tribilín, en Buenos Aires, fue la de la idoneidad del personal que trabaja en los jardines.

Con relación a este tema, Guerra afirmó que, aunque la parte educativa no esté legislada, todos hacen “más o menos lo mismo”, porque –según dijo– el 95% de los directores de los jardines maternales son profesores de educación inicial.

Además sostuvo que, en la mayoría de los casos, los empleados son maestras jardineras, auxiliares de jardines maternales o estudiantes avanzados.

“Es muy raro que no haya profesionales trabajando”, dijo.

El proyecto

► Resolución de cámaras. Deben devolver una vista lo bastante fluida para que pueda identificarse fehacientemente lo que pasa.

► En todo momento. Los dispositivos tienen que tener sensores de visibilidad para la noche.

► Conexión rápida. La transmisión de las imágenes debe hacerse por medio de banda ancha.

► Registro. Cada jardín deberá guardar las imágenes captadas durante al menos una semana.

► Por cualquier medio. Los padres deberán poder acceder a las imágenes “en vivo” y desde cualquier dispositivo tecnológico.

► Control. Será de la DGE.