El gobernador defendió la política carcelaria y dijo que lo de San Felipe “es un hecho aislado”. Criticó a la Legislatura por no hacer un seguimiento permanente
La referencia fue hacia los legisladores con quienes Jaque no ha podido destrabar, entre otras cosas, el presupuesto y la Ley Impositiva. “La Legislatura es un organismo de contralor y tiene una Comisión Bicameral de Seguridad que debiera funcionar permanentemente”, enfatizó, e insistió: “No se puede esperar a que suceda algo para ver qué se hace. La Legislatura tiene facultades específicas para cumplir con la función que le encomienda la Constitución”.
NO A LA INTERVENCIÓN. Sin eufemismos, Jaque defendió su gestión y la de su ministro de Gobierno. “Se han hecho muchísimos esfuerzos para ir sacándoles a las cárceles las sanciones internacionales. Por esto mismo es que este caso aislado no puede generar un manto de sospecha sobre todo el resto del personal penitenciario”, puntualizó Jaque, quien aclaró que es la Justicia quien debe juzgar sobre el hecho. Ayer, el gabinete del Ministerio de Gobierno asistió a la Bicameral de Seguridad, donde legisladores de la oposición pidieron la remoción de toda la cúpula de San Felipe y encontrar responsabilidades políticas.
“Venimos de una intervención que nos trajo muchos dolores de cabeza, por lo que no es una solución. Lo que vamos a hacer es intervenir como ahora, es decir, con el peso de la ley”, dijo Jaque. Con esto, el gobernador se refirió a la intervención federal de las penitenciarias locales que terminó en julio del 2010. “Me hablan de intervención y los videos datan de mayo de año pasado, es decir, cuando se continuaba con este mecanismo”, acotó. Asimismo, Jaque preguntó: “¿De qué responsabilidades políticas me hablan?”, y agregó: “Estamos hablando de responsabilidades de controlar que adentro no sucedieran este tipo de cosas”.
Reclama el protocolo antitortura
Con un tono irónico, el gobernador Celso Jaque les pasó factura a los diputados y senadores por no tratar desde hacer dos años el protocolo antitortura mediante el cual se habilita a las personas de la sociedad civil a ingresar a cualquier penal y corroborar la situación de los internos. “Hace dos años que el Ejecutivo presentó el proyecto y aún no se trata”, precisó Jaque, quien agregó: “Sé que tienen mucho trabajo, pero ya han tenido suficiente tiempo para tratarlo”.
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