La reunión que el ministro de Infraestructura, Francisco Pérez, el subsecretario de Hidrocarburos, Walter Vázquez y el secretario Legal y Técnico, Fernando Simón mantuvieron ayer por la tarde en el séptimo piso de la Casa de Gobierno con representantes de diez concesionarias y explotadoras petroleras se caracterizó por dos cosas: el énfasis puesto por el Gobierno en la celeridad para la aplicación efectiva de inversiones de exploración y explotación en Mendoza y la conformidad generalizada de las empresas por la prórroga de diez años a las concesiones dispuesta por el gobernador Jaque.

Frente a los funcionarios estuvieron -entre otros- representantes de las petroleras YPF, Oxy, El Trébol, Chañares Herrados, Roch, Petroquímica Comodoro Rivadavia y Geopark, quienes formularon todo tipo de interrogantes sobre el proceso.

Antes del próximo 20 de agosto, estas empresas deberán manifestar su interés por la prórroga y tendrán que entregar la documentación requerida.

Se estima que en setiembre el Gobierno provincial ya tendrá resueltas las primeras aceptaciones e iniciará gradualmente diez negociaciones (en principio una por empresa, aunque puede haber algún caso particular de una negociación específica por un área especial concesionada) con la finalidad de cerrar los primeros acuerdos a comienzos de 2011 para activar las primeras inversiones.

Por esta prórroga las petroleras deberán ofrecer un adelanto efectivo de fondos para la provincia, una oferta de pago de mayor porcentaje de regalías (por sobre el actual 12%), un compromiso fundamental de inversión de corto plazo y uno de mediano y largo plazo en tareas exploratorias y de explotación y el cumplimiento de la obligación de contratar un 75% de personal mendocino (con un mínimo de tres años de residencia en la provincia) y de compre mendocino.

Una negociación especial -decisiva para el resto- se espera con YPF, titular de 23 de las 37 concesiones petroleras que vencen entre 2015 y 2018.

La suma "cash" que podría recibir el Gobierno mendocino en concepto de reingreso a las áreas concesionadas no se puede estimar por el momento, pero una referencia es que Neuquén (tres veces más grande que Mendoza en petróleo y 18 veces mayor en gas) recibió 500 millones de dólares, por sus 70 áreas prorrogadas (incluida la gigantesca Loma de la Lata).

Con doce áreas revertidas ya concesionadas y trece más en vías de concesionarse durante este año, una empresa estatal provincial en formación -demorada en la Legislatura- que debía participar de este proceso y un compromiso de inversión de YPF de U$S 400 millones en la destilería de Luján de Cuyo y U$S 50 millones más en Llancanelo, el Gobierno provincial sumó ahora la prórroga de las concesiones de áreas principales para encarar lo que queda del 2010 y todo el 2011, apostando al aumento de reservas de hidrocarburos mediante tareas de exploración y a la suba de los ingresos por regalías.

Y sigue sumado al reclamo colectivo de la Ofephi, ante la Nación, por una suba gradual del valor del barril en boca de pozo sobre el cual se fijan los ingresos por regalías.

Los gobiernos de varias de las provincias productoras de petróleo han concretado o avanzan en la negociación de las prórrogas de las concesiones de exploración y explotación de gas y petróleo, en el marco de la "Ley Corta" (Ley 26.197) sancionada por el Congreso en diciembre de 2006, que les transfirió el "dominio originario y la administración sobre los yacimientos de hidrocarburos".

De acuerdo con las leyes Nacional 17.379 y Provincial 7.526 de Hidrocarburos, los Ejecutivos provinciales están facultados para extender las concesiones hasta diez años más, "siempre que el concesionario haya dado buen cumplimiento a las obligaciones emergentes" y presente su solicitud con una "antelación no menor de seis meses al vencimiento de la concesión". En una extensión por un plazo mayor debería intervenir la Legislatura provincial.

Mendoza es la cuarta provincia productora de petróleo de la Argentina después de Chubut, Neuquén y Santa Cruz y se mantiene segunda en su capacidad de refinación, por la destilería de Luján de Cuyo (tras la de La Plata), donde se procesa uno de cada cuatro litros de combustible del país.