En efecto, si el gobernador toma tres o cuatro grandes decisiones estructurales en su último año de gestión, es posible que su administración pase a la historia por haberle devuelto a Mendoza el rumbo que perdió hace ya bastante tiempo.

Es que esta provincia hoy está más huérfana de estrategias que de gestión, o peor, todo lo que se haga sin una dirección definida, corre el riesgo de caer en saco roto. Por ende, Jaque debe dar respuesta a, por lo menos, cuatro grandes temas: la relación con la Nación, la promoción industrial, la gestión de los recursos naturales y la prestación de los servicios públicos.

En el debate por la promoción industrial el gobernador comenzó bien cuando ante la arbitraria decisión nacional de diferir la promoción industrial a las provincias ya beneficiadas, convocó institucionalmente a la Mendoza política, productiva, social e intelectual para juntos decirle no al despropósito. Todos los convocados pusieron lo mejor de sí para la causa provincial y se logró frenar la ignominia.

No obstante, luego el gobierno cayó en un grave error: se encerró en el secretismo para la negociación con la Nación, con lo cual lo único que logró es un enredo fenomenal donde, entre otros despropósitos, se anunció con bombos y platillos la inclusión de Mendoza en el régimen promocional hasta ese entonces detestado, a cambio de desistir de todo reclamo de la provincia hacia el gobierno central.

A la postre resultó que no nos dieron la promoción porque, como era de prever, nuestra inclusión en la misma haría que todas las demás provincias no promocionadas pidieran igual resarcimiento. Para colmo, ahora parece que el desistimiento de nuestros reclamos nacionales no fue a cambio de la promoción sino del desendeudamiento.

La conclusión es que estamos sin promoción, con juicios desistidos y con una nueva ofensiva de las provincias promocionadas para revivir el insidioso régimen. Y los mendocinos seguimos sin saber qué nos conviene o qué queremos: que nos incluyan en el régimen, que no se lo den a nadie o que se lo den a todos. Y si no sabemos lo que queremos, es difícil que logremos algo frente a los que sí saben bien lo que quieren.

El error contrario ocurre en el tema minero, error que viene del gobierno anterior donde primero se dijo una cosa y luego se hizo otra.

Que la gestión de Jaque busque agotar las instancias del debate es elogioso, pero siempre que llegado un punto tome una decisión, porque si no la convocatoria eterna a un consenso que jamás será completo -mucho menos en este tema- se transformará en la excusa para no hacer nada, al estar el gobierno más atribulado por no quedar mal con nadie, que es la mejor manera de quedar mal con todos.

No obstante, es sobre todo en la discusión sobre la adjudicación o desadjudicación de las concesiones referidas a servicios públicos o áreas de explotación de recursos naturales, donde se juega en gran parte la personalidad y el carácter con que será recordado este gobierno.

La definición política brindada por el secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán acerca de que las estrategias deben ser fijadas por el poder político y no por los grandes grupos económicos, es del todo válida.

Pero para que ello no quede en un mero tire y afloje entre poder político y corporaciones privadas donde se grita mucho y no se define nada, lo que se requiere es (como se hizo con la ley del suelo) convocar al más amplio debate político y social, pero no para que el gobierno busque diferir, compartir o liberarse de sus propias y exclusivas responsabilidades, sino para que la participación social le permita acumular la mayor fuerza política posible y así resistir mejor las inevitables presiones sectoriales.

Todo, concluimos, sin consensualismos abstractos que son una excusa para no decidir nada pero también sin decisionismos secretos y solitarios en los que el gobierno siempre termina perdiendo o cediendo ante el centralismo o los grupos de interés.