La gestión jaquista no pasará a la historia por ser la que más casas construyó o la que solucionó la crisis recurrente en Salud, pero sí se recordará como la que remozó el Poder Judicial nombrando al 30 por ciento del plantel de magistrados que hoy imparten justicia.

Celso Jaque ya designó a 86 jueces, otros 10 están en lista de espera para los próximos días y quedan 17 vacantes que deben cubrirse antes de diciembre. Además, se dio el gusto de sumar un miembro en la Suprema Corte de Justicia que dejó boquiabierto a más de uno: su ex ministro de Gobierno, Mario Adaro, que asumió el jueves.

La relación de Jaque con la Justicia comenzó como un gran romance. De esos que prometen trascender. Así, allá por 2008, los jueces firmaron un acuerdo histórico que les permitió cobrar abultados montos por viejas deudas que mantenía el Estado y pagar hasta en 84 cuotas lo que debían a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por los aportes jubilatorios realizados por la Provincia, además de jubilarse con el 82 por ciento móvil y dejar sus sueldos atados a las subas de los magistrados federales.

Por esto, meses más tarde de sellarse ese acuerdo, que el Ejecutivo anunció con bombos y platillos y que costó a la Provincia poco más de 13 millones de pesos, muchos jueces comenzaron a desfilar hacia el retiro dejando vacantes sus puestos. Hasta ahora, suman 44 los que se jubilaron y que Jaque se encargó de ir reemplazando rápidamente.

Pero la renovación del Poder Judicial, tan anhelada por casi todos los gobernadores desde el regreso de la democracia en 1983, llegará a casi un tercio del plantel general porque suman 86 los magistrados que ya fueron designados y otros 10 serán remitidos a la Legislatura en los próximos días. Esta lista se engrosó porque, más allá de las jubilaciones, hubo una gran cantidad de vacantes generadas para descomprimir el colapsado sistema judicial.

Incluso, otros 17 puestos podrán ser ocupados antes de que Jaque termine la gestión y para estos ya se preparan las ternas. Si esto se concreta antes del 10 de diciembre será Jaque, lejos, el gobernador que más jueces nombró y dejará así su impronta en los tribunales. Los memoriosos del Poder Judicial aseguran que nunca un mandatario nombró a tantos, y sólo señalan al radical Santiago Felipe Llaver como uno de los que más magistrados logró instalar, aunque no registran números porque en los ’80 no estaban informatizados los registros judiciales. De todas maneras, todos coinciden en que el número fue sensiblemente menor.

Las vacantes que dejaron las jubilaciones resultan menos de 50 por ciento del total de los nombramientos. De hecho hay aún en funciones 54 jueces que están en condiciones de retirarse. El punto es que otras razones ayudaron a que Jaque pudiese ejecutar su deseo, como el avance en la aplicación del nuevo Código Procesal Penal en la provincia y la creación de fueros de flagrancia y de juzgados de familia.

Para esto, el jaquismo tuvo poca resistencia opositora. Según uno de los referentes de la bancada radical en el Senado, Juan Carlos Jaliff, sólo una votación se ejecutó por mandato partidario y fue el rechazo de la UCR a Mario Adaro como postulante a la Suprema Corte de Justicia, aunque igual el candidato jaquista pasó el filtro del Senado. “El resto no nos pareció cuestionable por dos razones: porque vienen de una terna elegida por el Consejo de la Magistratura y porque es el Gobernador quien tiene facultades para hacerlo”, sostuvo el legislador.

Eso sí, aclaró que le ha pedido al Gobernador que no mande tantos pliegos juntos -la última vez remitieron 21 nombres que ya juraron el viernes pasado, además de Adaro- , porque les falta tiempo para realizar audiencias públicas y analizar minuciosamente los antecedentes. Sin embargo, para Jaliff la renovación de Jaque no es vista como una amenaza de imparcialidad en el poder que tantos dolores de cabeza le ocasionó a la administración cobista.

De hecho, la oposición no le ha rechazado muchos pliegos a Jaque: sólo siete de los propuestos sumaron más bolillas negras que blancas y no fueron aprobados. En su mayoría, eran hombres muy ligados al secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán, con quien la oposición e incluso parte del oficialismo tienen un encono especial. Se trata de Andrea Grzona, Susana Catalina Muscianisi, Alejo Guajardo, María Virginia Rumbo, Dardo Fernández, Nancy Ferrer y recientemente fue rechazado el pliego de Alberto Jury. A uno de los más resistidos, Fernández (que fue el eje de un conflicto con la Corte el año pasado), se lo piensa enviar en los próximos días en otra terna.

Buena parte de los ingresantes recalaron en el fuero civil y en su mayoría se trata de abogados de entre 30 y 40 años. Sólo 13 provienen de la actividad privada y en general están relacionados con algún referente del Ejecutivo; el resto, ya era funcionario judicial. Estos datos fueron confirmados a Los Andes por el subsecretario de Justicia, Carlos Quiroga Nanclares.

Entre los que llegaron de afuera del Poder Judicial, están Fabián Hatallah, ex socio de Pablo Cazabán, hermano del superministro de Jaque; el ex subsecretario de Trabajo Jorge Gabutti y Sebastián Márquez, hijo del ex ministro de Salud lafallista Pablo Márquez. Otro de los que ganó espacio fue un estrecho colaborador de Adaro, David Mangiafico, que también pasó por la penitenciaría y ahora se convirtió en juez de Garantías. También figuran dos abogadas que trabajaron con Adaro: Rosana Moretti, que se desempeñaba como asesora en el Ministerio de Gobierno, y Natalia Juan Míguez, colaboradora de Derechos Humanos.

Según Quiroga Nanclares, es complicado acceder al concurso para un abogado que está en la actividad privada, porque debe dejar su estudio por un tiempo hasta tanto confirme su lugar en la Justicia, por esto acceden con mayor facilidad los funcionarios de carrera. Y enfatizó que la intervención de Jaque en las designaciones se limitó a la elección de uno de los tres postulantes que integraba cada terna enviada por el Consejo de la Magistratura.