Para la dirigencia del Partido Obrero, existen hoy en Santa Cruz dos aspectos en la cuestión de la criminalización de la protesta, un término que se utiliza como bandera de los derechos de huelga, amparados en la Constitución.

La reiterada judicializacion, detención y procesamiento de dirigentes sindicales, activistas o delegados gremiales que, en algunos casos son procesados por conflictos de 2011, y otros por hechos de la actualidad vinculados a conflictos gremiales, resultan poco claros a la hora de establecer los delitos que se imputan.

Según marcó el referente del PO, Miguel del Plá, lo que aconteció hace dos semanas con una trabajadora de las Heras, que pasó diez horas detenida por reclamar el funcionamiento de la calefacción es “un extremo porque ante una simple denuncia de que estaba protagonizando un reclamo, la Policía invoca el derecho de detener a cualquier persona como si fuera alguien que se está agarrando a piñas en una esquina o lo encuentran borracho rompiendo algo” situación que “agrega un dato grave porque ya no son sólo los jueces” advirtió.

Con relación a la citación de padres caletenses por el reclamo docente de 2011, cuestionó que en esa ciudad del flanco norte “han cortado la ruta 50 mil veces y no tenemos a nadie procesado, pero si procesan a los padres de los alumnos que habían hecho un corte pidiendo que se le de solución a la huelga de los maestros” sin ir mas lejos, “hace poco tiempo todo el pueblo tuvo que cortar la ruta porque no había agua, pero acá se llama a estos padres por estar a favor de los docentes” elucubró.

El juez demonizado

Por otra parte, la dirigencia sindical hace mella en la figura del juez lacérense Eduardo Quelín, que en los últimos años ha tomado relevancia en el marco de causas que involucraron a trabajadores en situación de protesta.

En este punto, la izquierda sostiene que el magistrado tiene una impronta que permite que la Policía actúe con impunidad, como en el caso de la trabajadora que reclamaba calefacción y donde la fuerza de seguridad actuó de “oficio”.

Sin embargo, para Del Plá “una gran parte de la Justicia piensa como Quelín, lo que pasa es que no se animan a actuar en forma tan abierta. La jueza López Leston, en el caso de ATE está actuando con el mismo criterio”.

Por otra parte, en torno a las protestas resulta llamativo el factor zonal, es decir el nivel de causas que existe hoy contra trabajadores en zona norte, y que para el PO, guarda relación con el emplazamiento de las compañías petroleras y la premisa de sostener la “paz social”.

“Allí están los puntos más sensibles desde lo económico. Esta criminalización está en función de los intereses de las grandes compañías petroleras, que utilizan a personajes como Quelín, algún jefe policial o intendentes que se prestan, para asegurarse la paz social, instalando un sistema de semiterror para que la gente tema reclamar y ser detenida” advierten.

La reciente condena a perpetua para los acusados en la muerte del Comisario Post Mortem, Jorge Sayazo (2006), a partir de un proceso de instrucción que fue denunciado como “irregular” y un claro ejemplo de, nuevamente, “criminalizar la protesta” es paradigmático, ya que “el mismo tribunal que los condena, a penas tan tremendas como perpetua, dice que hasta que el TSJ no ratifique esta condena se mantengan en libertad” apuntó Del Plá

Hoy por hoy, los únicos trabajadores detenidos en el marco de una presunta protesta social son los trabajadores de ATE involucrados en el incendio del edificio de la Función Publica. Por ello, desde el gremio, la CTA , el PO y el MST, se pide a la jueza López Léston que permita a los detenidos recobrar su libertad y continuar trabajando para sostener a sus familias, hasta tanto se sustancie ese juicio.