“Su idea es hacer un juicio corto, o sea un juicio donde cada uno maso menos en su casa vea las filmaciones de los juicios uno y dos, lo cual le quita todo el carácter de inmediación a los juicios, de que sea oral y público”, aseguró Ivana Dal Bianco, abogada querellante del Ceprodh, en relación a la posición del tribunal ad hoc que conducirá el tercer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el Alto Valle de Rio Negro y Neuquén.

En esta causa fueron imputados tres represores que estaban prófugos y que actualmente se encuentran con prisión domiciliaria: el teniente coronel de Inteligencia, Jorge Di Pasquale, el ex comisario de Cutral Co, Héctor Mendoza, y Jorge Soza, quien se desempeñaba como segundo jefe de la Delegación Neuquén de la Policía Federal.

A ellos se le suman Mario Gomez Arenas, Luis Alberto Farías Barrera e Hilarión de la Pas Sosa, quienes estaban imputados en el segundo juicio, pero que se les suspendió por cuestiones de salud. Estos tres últimos fueron condenados en el primer debate oral por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado.

Es decir, en este tramo los acusados deberán responder por los hechos cometidos en perjuicio de las 17 víctimas del primer juicio y las 39 del segundo.

Dal Bianco, en declaraciones a 8300web, sostuvo que coinciden con la Apdh Neuquén en que el único límite para impedir que un testigo declare es su voluntad de hacerlo.