Fue tras la misa de Navidad el martes, que se sentaron a hablar con el gobernador del reclamo que se encendió este año, para que les paguen un 10% de las entradas vendidas del Ente Ischigualasto. Según dijeron los vallistos, llegaron a un acuerdo, una suerte de "trueque", por el que la provincia se compromete a darles una serie de ayudas, a cambio de que renuncien a su participación -que está fijada por ordenanza- en la recaudación de entradas del Valle de la Luna de aquí en más. "La deuda para atrás se verá", dijo Elizondo.

Según la enumeración de los vallistos, les concederán ayuda para una motoniveladora que el municipio necesita con urgencia, valuada en más de 350.000 pesos, más unos 4 kilómetros de pavimentos de las calles internas departamentales, más la posibilidad de construir dos hoteles en la comuna (el que tiene proyecto más avanzado es en villa San Agustín, se están saneando los títulos del terreno). Esto se complementa con las repavimentaciones que ya están en marcha de la Ruta 510 Marayes-San Agustín, y la Ruta 511 San Ramón-Valle Fértil. Según Elizondo, todo esto supera ampliamente lo que podrían recibir por las entradas de Ischigualasto. Según un cálculo que hicieron fuentes del Concejo Deliberante, serían unos 15.000 pesos al mes.

El reclamo saltó en septiembre, cuando los concejales vallistos, fogoneados por el bloquista Carlos Fabris, quisieron empezar a cumplir con la ordenanza tributaria anual, aprobada en abril de este año, donde señala que los parques del departamento, incluido Ischigualasto, "deberán abonar al municipio el 10% del valor de las entradas vendidas". Fabris no estuvo en la reunión del martes.

Cuando de desató la disputa, Elizondo reconoció que el Parque debería pagar, pero dijo que no iba a gestionar la cobranza, argumentando que la comuna ya recibe otro tipo de ayudas por parte del Gobierno Provincial, que superan con creces el 10%. En esa oportunidad, también salió al cruce duramente el secretario de Turismo provincial, Dante Elizondo, diciendo que el pago es "discutible" y que estaba dispuesto a llegar a la Justicia si hacía falta.

Estaba previsto que lo acordado se refrende por ordenanza el mismo martes en el Concejo, algo que se daba por hecho, por estar de acuerdo la mayoría de los concejales.