La interpretación de lo ocurrido ya venía circulando y ganando fuerza, impulsada desde diversos sectores. Y se trataba nada menos que del proyecto de ordenanza que autorizaba (a partir de enero próximo) incrementos en los valores del boleto de colectivo, sancionado y aprobado por mayoría en la incidentada sesión del 13 de diciembre pasado. En concreto, lo que se denunciaba era la “nulidad” de ese proyecto con sanción, ya que en el recinto fue aprobado a través de una mayoría simple, cuando hubiera correspondido una mayoría absoluta. Extraoficialmente y en diálogo con EL NORTE, el presidente del Concejo Deliberante, Andrés Quinteros, reconoció ayer la existencia de tal irregularidad y advirtió que ya firmó el decreto que declara la nulidad del proyecto.

En su artículo 233, la Ley Orgánica de las Municipalidades establece: «Las empresas concesionarias someterán sus tarifas y precios a la consideración de la Municipalidad. Dichas tarifas y precios no se tendrán por vigentes mientras el Concejo no las apruebe en ordenanza sancionada con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros».

Una mayoría absoluta es, matemáticamente, una mayoría con más de la mitad de los votos de los miembros que componen el órgano en cuestión. Para el caso del Concejo Deliberante de San Nicolás (compuesto por 20 representantes), la barrera numérica de la mayoría absoluta está fijada en 11 votos, la mitad más uno de los integrantes del Cuerpo, independientemente de cuántos concejales se encontrasen presentes en el recinto al momento de la votación.

El jueves de la semana pasada, en el marco de la incidentada sesión ordinaria en que se dio por aprobado el nuevo cuadro tarifario para el transporte público de pasajeros, había en el recinto 11 concejales y sólo 9 votaron por la afirmativa. Si bien ese número constituía una mayoría simple, no se alcanzaba la mayoría absoluta que demanda la Ley Orgánica de las Municipalidades para estos casos.

“Vamos a cumplir la ley”, advirtió ayer Quinteros, tras reconocer la irregularidad que vinculó con un “error” más que con una “interpretación” de la ley que rige para los municipios. También indicó que el mismo viernes de la semana pasada estampó su firma sobre el decreto que declara la nulidad de la ordenanza sancionada.

En cuanto a cómo se atenderá entonces la solicitud de nuevas tarifas por parte de la empresa Vercelli Hnos, concesionaria del servicio, el presidente del Cuerpo adelantó que será materia de discusión el miércoles próximo, en el marco de la reunión de comisión de Acuerdos y Labor Legislativa. No descartó que allí pueda llegarse a un consenso que permita sancionar el nuevo cuadro tarifario en la última sesión ordinaria del año, prevista para el 27 de diciembre.

Por lo pronto, al parecer el Intendente habría detectado de inmediato la irregularidad y no habría admitido que el proyecto sancionado llegara de esa manera al Ejecutivo para su promulgación, modificación o veto.