Ya fueron desadjudicadas unas 17 casas. También intimaron a adjudicatarios a que las ocupen.
El cese de adjudicaciones, que implica el desalojo de la vivienda, se produjo en planes otorgados de dos y tres dormitorios ubicados en Roca, Catriel, Viedma, Villa Regina, Sierra Grande, Allen, Guardia Mitre, Cipolletti e Ingeniero Jacobacci.
Los edictos están fundamentados en infracciones en cuanto a la falta de ocupación de los verdaderos propietarios, cederlas a terceros, alquileres, ocupaciones indebidas y falta de pago de las cuotas de amortización del precio de la vivienda. Incluso, esas disposiciones fueron confeccionadas sobre antiguas operatorias y actas de tenencia que datan de 1982, 1986, 1997 y 2007, respectivamente. Este tipo de medidas otorga un plazo de cinco días a los ex adjudicatarios para restituir la casa a partir de la notificación.
Dentro de estas decisiones dispuso intimar a algunos adjudicatarios a hacer ocupación efectiva de las viviendas en un término de la misma cantidad de días, caso contrario, ante negativa expresa o tácita se iniciará trámite de desadjudicación y posterior desalojo.
Paralelamente, un fallo judicial dispuso la restitución a este organismo de una casa ocupada en forma irregular desde hace más de 10 años y ubicada en Valcheta.
El inmueble, luego del fallecimiento de sus adjudicatarios originales, fue ocupado por una persona ajena a la familia. La casa presentaba además una importante deuda con el organismo.
La casa del Plan de 50 Viviendas de la localidad fue adjudicada en 1980 por el Instituto. Años después de entregada, ambos titulares fallecieron, quedando el inmueble desocupado, debido a que los hijos menores del matrimonio quedaron al cuidado de sus tíos.
En el año 2008, por resolución Nº 1.283, el IPPV resolvió desadjudicar la vivienda por comprobar la no ocupación por parte del grupo familiar, sumándose a esta situación el no pago de las cuotas de amortización.
La vivienda en cuestión fue reclamada por una mujer, ajena a la familia, quien adujo haber quedado al cuidado del inmueble y habitarlo permanentemente. Sin embargo, esta situación nunca pudo ser constatada por personal del IPPV, que luego de reiteradas visitas realizadas al domicilio, nunca pudo verificar que la casa estuviera efectivamente habitada.
El caso fue ingresado a la Justicia decidiéndose elevar el expediente a Fiscalía de Estado en el año 2010. Finalmente la semana pasada, los tribunales capitalinos fallaron a favor de la restitución de la vivienda al IPPV.
Los operativos del organismo abarcan a toda la provincia, donde no sólo se persigue el cobro de las cuotas correspondientes, sino también la ocupación de quien corresponde.
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