Según señalaron desde el organismo provincial, comenzó un proceso de revisión de todas las concesiones de juego, con la lupa puesta en el Casino Iguazú, cuyos ejecutivos se mostraron en contra de la nueva política impositiva que comenzó a regir el 1 de enero, en la que las casas de juegos, bancos, financieras y telefónicas son las que tienen que tributar más. Junto al Casino de Iguazú, el permiso de explotación de otra firma del norte de la provincia también será analizado.

En el IPLyC consideraron que la actitud del grupo de empresas que tienen la explotación del juego es contraria a las necesidades de la provincia y cuestionaron que el canon que tributan, de un millón de pesos mensuales en el caso del Casino de Iguazú, es escaso en relación con sus ganancias.

Por eso, todos los contratos que fueron firmados en la década de los 90 serán puestos bajo la lupa y no se descarta la caída de alguna concesión. Los contratos tienen cláusulas que siempre favorecen a las empresas, como las que señalan que si se cambia la política de impuestos, tasas provinciales o tributos nacionales, “se debe adecuar el canon” para que no paguen más.

“Nosotros no podemos seguir con empresas que no se adecuan a la realidad provincial y que giran divisas a sus casas matrices en el exterior sin una reinversión en Misiones”, sostuvo el presidente del IPLyC, Eduardo Torres, quien se encuentra con su equipo de trabajo mirando cada uno de los contratos.