Prácticamente se encuentra en la fase final el juicio que por delitos de lesa humanidad se desarrolla en San Rafael. Ayer prestó declaración indagatoria, de acuerdo el derecho que le asiste, el acusado Alberto Ruiz Soppe, ex jefe de la Regional II de la Policía de Mendoza en la época del gobierno militar del ?76 y en su relato implicó aún más al ex comisario general Raúl Oscar Pérez, actual titular del Consejo de Seguridad de la Municipalidad de San Rafael.

En su tercer testimonio el también ex comisario Ruiz Soppe aseguró que su par era quien, como titular del D2 en San Rafael, pasaba directamente los datos obtenida por los informantes al mayor Luis Suárez. También citó al ex comisario Jorge Medina, quien supo desempeñarse hasta hace unos meses como jefe de Inspecciones de la Municipalidad y fue titular de la Regional en período democrático.

Desde el lunes, el tribunal ha implementado una serie de visitas a los sitios donde se torturó o detuvo a personas en forma ilegal y aguarda algunos testimonios de personas que aún no han sido ubicada, como el caso de una mujer conocida como "Chicha" Nacibera, que podría aportar datos, precisamente, del contacto entre civiles y militares.

Entre otros temas, también se conoció que los imputados Raúl Egea, Juan Labarta y el teniente coronel Guevara, los otros imputados, continúan haciendo uso de su derecho de no declarar.

Se espera que los alegatos estén preparados para los próximos días por lo que la sentencia sería dictada para los primeros días de noviembre.

Intimidan a periodista

El martes a la tarde, la casa de una periodista de la radioemisora LV 4 Radio San Rafael, que cubre las alternativas del juicio, fue atacada con piedras. Una de ellas produjo la rotura de vidrios en un patio interior de la vivienda.

Patricia Coria, al ser entrevistada, no descartó que el hecho esté relacionado con su trabajo ya que también ha recibido llamadas intimidatorias y ha observado movimientos sospechosos de personas en las cercanías de su vivienda.

El tribunal ordenó que se investigue el hecho a través de la Fiscalía Federal y también se encuentra trabajando en el caso personal de la Policía de Mendoza. La vivienda de la periodista tiene desde ayer custodia policial.

También se han movilizado las instituciones que nuclean a la gente de prensa en Mendoza y en el país y se han movilizado las entidades de derechos humanos y de familiares de desaparecidos.