El diputado provincial Roberto Risso sostuvo que entre los funcionarios que tendrán que presentarse ante la Justicia a dar explicaciones se encuentra el contador comodorense Luis Tarrío, quien estaba vinculado a la empresa en su calidad de síndico y que además es presidente de Petrominera y secretario de Hidrocarburos.

“No tengo la menor duda de que una vez que presentemos la denuncia, quedará imputado porque no puede ignorar los daños que se le ha provocado al Estado Provincial”, aseguró Risso.

Desde el radicalismo se sostiene que detectaron una actividad dolosa urdida con un objetivo de defraudación al Estado. “Esto va mucho más allá de un negocio o de una política en materia de generación de energía y todo lo que el ministro Coordinador de Gabinete, Pablo Korn, como el subsecretario de Relaciones Institucionales, Pablo Das Neves, han explicado en este tiempo son mentiras”, acotó el legislador de la oposición.

Cabe recordar que el proyecto Ingentis se anunció oficialmente a principios de 2006 como una inversión prevista en Dolavon de 1.240 millones de pesos con posibilidades de generar 1.200 puestos de trabajo a partir de 2008, iniciando desde entonces “una impresionante cantidad de anuncios impactantes y que lamentablemente fue una estafa para los chubutenses porque alguien se llevó ese dinero perjudicando a la provincia”.

Precisó que más allá de las explicaciones otorgadas desde el oficialismo, lo cierto es que a pesar del tiempo transcurrido en Dolavon, solo se montaron un galpón, cuatro casas y se instalaron “unos 10 ó 20 caños”. Sin embargo el gobierno habría invertido unos 109.850.000 pesos.

“Por una cuestión electoral salieron a parar esto, y liquidar esta empresa y pusieron 33 millones más para comprar acciones. ¿Cuánto nos está costando este disparate, este proyecto caído?”, se preguntó Risso.

MOVIMIENTOS

Para los legisladores radicales, la intervención accionaria del Estado provincial en el fracasado proyecto energético y las “pérdidas millonarias” deberían investigarse encuadradas en las figuras de “malversación de caudales públicos (artículos 260 y 262 del Código Penal) y también como partícipes primarios del delito de administración fraudulenta del artículo 173, inciso 7, o artículo 174, inciso 4”.

En abril el Tribunal de Cuentas provincial envió un pedido de informes a la sociedad Ingentis para indagar sobre la situación del proyecto energético que le costó a Chubut más de 150 millones de pesos y sin avances evidentes, que aún así mereció una inversión de parte del gobierno provincial, en agosto del año pasado, cuando compró a Pampa Energía el 10,95 por ciento de su participación accionaria, por un monto de 33 millones de pesos.

Durante el año pasado, la empresa Pampa Holding admitió la cancelación del proyecto que debía producir 500 megas, por “falta de financiamiento”, y anunció la venta de dos turbinas General Electric que nunca llegaron a funcionar.