La Justicia penal platense investiga una denuncia penal contra el gobernador Scioli, un ministro, funcionarios de la Fiscalía de Estado de la Provincia, empresarios y varios abogados, a quienes se acusa de los presuntos delitos de fraude, incumplimiento de los deberes de funcionario y asociación ilícita, en el marco de la expropiación de una fábrica por la que el Estado bonaerense pagó $101 millones, de los cuales 55 correspondieron a honorarios de abogados.
La denuncia fue radicada por el “Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas” y alcanza, además de Scioli, al ex ministro de la Producción (ahora a cargo de Desarrollo Social) Martín Ferré, al fiscal de Estado Ricardo Szelagowski (fallecido hace un mes), al subsecretario de la Fiscalía de Estado Jorge Della Croce, a Ignacio y Alan Wasserman, y a los abogados Daniel Sabsay, Ruben Citara “y responsables del estudio de asesores letrados Caporal, Citara y Casal” y Beatriz Rivas.
La empresa involucrada en la denuncia es Ignacio F. Wasserman SA, una planta metalúrgica radicada en el municipio de Vicente López que en el 2000 se presentó en concurso de acreedores y en el 2001, en estado de cesación de pagos, fue recuperada por sus empleados, quienes luego conformaron la Cooperativa de Trabajo Los Constituyentes Limitada, que mantuvo la fábrica en funcionamiento.
Según la denuncia, a la que tuvo acceso este diario, en el 2003 se promulgó la ley 12.996 que estableció la expropiación de la empresa. Pero la firma inició en octubre de 2003 un “juicio de expropiación inversa” ante el juzgado civil y comercial 6 de San Isidro, en el que reclamó una indemnización de $102 millones.
Esa demanda fue rechazada inicialmente por la Fiscalía de Estado “por improcedente”.
Sin embargo, siempre según la denuncia, el Gobernador y el ministro Ferré firmaron en mayo de 2010 el decreto 717 “autorizando a suscribir un convenio” con Wasserman “por $101 millones”; el decreto 981 de junio de ese año autorizando una ampliación del presupuesto de Producción por esa cifra; y el decreto 1.234 de julio de ese año “autorizando la orden de pago por ese valor”.
BRECHA ENTRE TASACION Y ACUERDO DE PAGO
Los denunciantes subrayan, con relación a esa medida, dos puntos: 1) el perito de la Fiscalía de Estado -que luego aceptó la demanda de expropiación inversa- “tasó la empresa en $26 millones” y 2) “luego de haber realizado el pago total de los $101 millones, a la fecha y transcurridos más de 10 meses, no se ha realizado la transferencia de dominio y no se tomó posesión (de la fábrica), en clara violación a la Ley General de Expropiaciones”.
Además, los denunciantes acusan a los funcionarios de la Fiscalía de Estado de “haber firmado el convenio de pago por $101 millones ”.
HONORARIOS POR $56 MILLONES
Otro aspecto de la denuncia indica que “originalmente se dispuso que el pago se efectuara en bonos de cancelación de deudas, pero luego -en setiembre de 2011- el ministerio de Economía, al tener fondos acordó el pago en efectivo en seis cuotas mensuales y consecutivas, que se realizó en su totalidad en marzo de 2012”.
Y otro punto saliente de la denuncia es el en que se indica que, de los 101 millones, “ya fueron transferidos”, en concepto de honorarios de abogados los siguientes montos: a Daniel Sabsay, 23,6 millones; a “Ruben Citara (del Estudio Caporal, Citara, Casal)” 22 millones; y a Beatriz Rivas “2,8 millones en concepto de aportes, y no se sabe cuánto se le pagó por honorarios”.
Voceros de la Gobernación declinaron responder la consulta del diario sobre la denuncia.
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