El procedimiento judicial estuvo enmarcado en la sustanciación de una causa iniciada en 2009 por posible contaminación con arsénico y su grave incidencia en la salud de los consumidores.
Hay denuncias y causas anteriores del mismo tenor; ésta prosperó; radicada en la UFI 2 a cargo de la fiscal María Cristina Ciccacci está caratulada “Posible comisión de delito de Acción Pública.”
Las órdenes de allanamiento sobre las plantas de Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA) fueron libradas por el juez de Garantías Gerardo Palacios Córdoba a requerimiento de la fiscal Ciccacci.
ABSA presta servicios en 80 localidades de 63 distritos bonaerenses. Como concesionaria sucede a la multinacional Azurix; el 90 % del paquete accionario corresponde al Estado provincial y el resto a los trabajadores.
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