Miguel Brito, ex titular de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU) y actual asesor del senador nacional alperovichista, Sergio Mansilla, está imputado en la causa penal por presuntas irregularidades en 89 de las más de 400 obras ejecutadas mientras estuvo al frente de la repartición. Entre otras posibles anomalías, el fiscal de Instrucción en lo Penal de la VII Nominación, Arnoldo Suasnábar, investiga si hubo sobreprecios en alguno de esos trabajos, indicaron fuentes de los Tribunales penales.

Según agregaron, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó pericias contables para cotejar los costos de las inversiones -realizadas por contratación directa, por medio de la ley 7.960- con los precios de mercado correspondientes a cada fecha.

A esos informes se suman los oficios remitidos por Suasnábar a entidades bancarias, en los que solicitó detalles sobre la existencia de cuentas a nombre de Brito, y eventuales movimientos de fondos.

En agosto de 2012, LA GACETA publicó un acuerdo del Tribunal de Cuentas (TC) que se oponía a la refacción de la fachada de la Casa de Gobierno por presuntos sobreprecios en las luminarias. Tras esto, Brito renunció. Como tenía un cargo en la Dirección de Espacios Verdes de la Municipalidad capitalina, obtuvo un pase en carácter de adscripto a la oficina de Mansilla.

La ex legisladora Silvia Elías de Pérez (dimitió el año pasado para asumir como diputada, y luego como senadora) llevó el caso a la Justicia penal a fines de 2012. El expediente recayó en manos de la fiscala Adriana Reinoso Cuello, quien se excusó alegando “violencia moral” de parte de la radical, quien había reclamado celeridad en la pesquisa ante el ministro fiscal de la Corte, Luis de Mitri.

La causa fue remitida a Washington Navarro Dávila, titular de la Fiscalía de Instrucción Penal de la V° Nominación, quien también rechazó el caso. Finalmente llegó a la oficina de Suasnábar, quien en principio intentó apartarse aduciendo “amistad manifiesta” con el procesado; pero luego fue ratificado a cargo de la investigación.

Uno de los principales elementos con que cuenta el Ministerio Público Fiscal es una auditoría del TC sobre la gestión de Brito. El informe, elevado por el presidente del ente de control, Miguel Chaibén Terraf, enumera las 89 obras que contienen observaciones (trabajos en plazas, en obras viales urbanas, faltantes de rampas para discapacitados, entre otros).

Brito fue imputado formalmente en diciembre del año pasado por Suasnábar. Se presentó a declarar acompañado por su abogado, Arnaldo Ahumada.

En 2012 estuvo a punto de quedar amparado por fueros parlamentarios, ya que aparecía cuarto en la lista del Frente Provincial, acoplada al alperovichismo, que encabezaban Armando Cortalezzi, Guillermo Gassenbauer (hijo del ministro de Seguridad, Jorge Gassenbauer) y Graciela Suárez de Cano (esposa del presidente del Concejo capitalino, Ramón Santiago Cano). Cuando Cortalezzi tomó licencia para asumir como titular de la Caja Popular de Ahorros (CPA), el ex bussista quedó en condiciones de acceder la banca, pero finalmente renunció (el lugar fue ocupado por el oficialista Dante Loza). “Una vez aclarados los asuntos pendientes en el ámbito que correspondan tendré la tranquilidad espiritual para poder continuar trabajando”, afirmó Brito en esa ocasión.