Mientras tiende a agravarse la situación de policías imputados por apremios ilegales en perjuicio de un joven detenido a disposición del fiscal Gustavo Marchetti, fuentes judiciales informaron que, a instancias de la Cámara 6ª del Crimen de la ciudad de Córdoba, se inició una investigación en el ámbito de la Departamental Punilla por la desaparición de 25 mil pesos (entre euros y dólares), secuestrados en torno al asalto al casino de Villa Carlos Paz.

Las sospechas de corrupción surgieron a partir de un oficio del 21 de marzo de 2011 a la Departamental dirigida por el comisario mayor Victorio Colino, a través del cual la Cámara ordenaban a la dependencia policial que se devolviera el dinero secuestrado a una persona que quedó desvinculada del caso y se remitiera al tribunal las fotocopias de los billetes.

Ante la falta de respuesta a un segundo oficio, el ayudante fiscal de Villa Carlos Paz promovió una acción penal, a cargo de Marchetti.

El atraco al casino de Villa Carlos Paz se consumó el 9 de noviembre de 2008, cuando a cargo de la Departamental estaba el actual comisario general Ramón Frías. Ese día irrumpieron varios sujetos y con balazo incluido al tesorero, se llevaron 1.056.003 pesos. Por ese hecho permanecen detenidos Roberto del Valle Guía, el transportista Rodolfo Villafañe y el comerciante Mario Roberto Villafañe. Los sospechosos habrían actuado por datos suministrados por Pablo Guillermo Rossi, ex custodio del casino que goza de libertad, quien además habría entregado fotos del lugar sacadas con un teléfono celular. Hasta la fecha no se ha recuperado ni un centavo del botín y el juicio se ha postergado en dos ocasiones al vencerse los plazos de detención de los imputados, por resoluciones del Tribunal Superior de Justicia, en respuesta a solicitudes de la Cámara que se vio obligada a demorar el juicio por las apelaciones y recursos presentados por los abogados. En ese complicado marco, los 25 mil pesos (entre euros y dólares) secuestrados a un sospechoso que fue absuelto desaparecieron del depósito de la Brigada de Investigaciones de Villa Carlos Paz, vapuleada por la denuncia de torturas al detenido Diego Varela (19). Por esos tormentos, constatados por el fiscal Ricardo Mazzuchi, se imputó por el delito de “apremios ilegales” a los policías Leonardo Camossi, Martín Franceschi, Mauro Morales, Mario Moyano y Alfredo Pereyra.

Derivaciones impensadas. La imputación de Mazzuchi tuvo algunos reparos de la Comisión en Defensa de los Derechos Humanos de Villa Carlos Paz, constituida en querellante y, en las próximas horas, según lo adelantó a este diario el dirigente Sergio Bailone, se reclamará que se cambie la carátula por el delito de torturas, lo que significaría la detención de los policías hoy libres y en situación pasiva. Bailone dijo que no puede quedar al margen el comisario inspector Hugo Quevedo, quien tendría responsabilidad no sólo en los apremios, sino en la desaparición del dinero secuestrado, cuyas numeraciones fueron volcadas al expediente judicial en el momento del procedimiento. Este oficial ya fue cuestionado por Mazzuchi, quien tiempo atrás reclamó a Colino que lo trasladara porque actuaba “por su cuenta”, sin informar de los procedimientos a la fiscalía.

Mazzuchi habría precisado que el jefe de Investigaciones, en dos denuncias de víctimas de robos, decidió por su cuenta acusar a los denunciantes por autorrobo sin pruebas.

El jefe de la Departamental le pidió al fiscal que pidiera el traslado por escrito. “Si lo pide Marchetti ustedes le hacen caso y trasladan a quien se le antoje, si lo pido yo me exigen que lo haga por escrito”, habría reclamado Mazzuchi. Ante esta reacción, Colino habría ofrecido que Quevedo trabaje exclusivamente para Marchetti, con lo que Mazzuchi no estuvo de acuerdo. Esa situación le fue transmitida por el citado fiscal al subjefe de Policía, cuando Alejo Paredes se encontraba en Estados Unidos por invitación de la DEA.

La realidad le daría la razón a Mazzuchi, porque al surgir la denuncia por la desaparición del dinero secuestrado, Quevedo (que probablemente tendría que estar en situación pasiva) fue trasladado a La Falda.

Conducta agravada

Arreglo. En ciertos ámbitos policiales confían en que Marchetti “arreglará las cargas” en torno a la denuncia de corrupción. La Cámara había reclamado la devolución del dinero y la fotocopia de los billetes entregados y trascendió que, para “solucionar el problema”, se pidió a oficiales de alto rango que juntaran 25 mil pesos y se los devolvieran a su propietario. Al parecer el hombre recuperó la plata, pero no se cumplió con la orden de la Cámara, porque “no andaba la fotocopiadora”.

Grave. Quien propuso esa “brillante idea” no hizo más que agravar la situación de los involucrados. “Si hubieran informado que el dinero no estaba sería una malversación culposa de bienes que tiene pena de multa, más allá de las sanciones disciplinarias que pueda aplicar el Tribunal de Conducta Policial, pero con el hecho de no enviar las fotocopias de los billetes devueltos, cuya numeración fue consignada en el acta de secuestro, se habrían alterado pruebas y esto es mucho más grave”, opinó una alta fuente judicial consultada por este diario.

Cuestión de tiempo. Uno de los temas a establecer es en qué momento desapareció el dinero secuestrado, es decir si fue durante la jefatura de Frías o de Colino. Mientras se aguardan esas respuestas del fiscal Marchetti, la Comisión de Derechos Humanos se apresta a reclamar el apartamiento de ese magistrado en numerosas denuncias vinculadas a excesos policiales. Incluso, y por los antecedentes de la personalidad del fiscal, se reclamaría una pericia psicológica para establecer si puede desempeñar ese cargo.