El intendente de Concepción, Roberto Sánchez, ratificó ante el fiscal federal general, Antonio Gustavo Gómez, la denuncia por presuntas irregularidades administrativas y contables cometidas durante la gestión del ahora legislador electo por el Frente para la Victoria, Osvaldo Morelli. 

En esta nueva presentación, el jefe municipal aportó más datos que reafirmarían las sospechas de que funcionarios del anterior gobierno habrían incurrido en los delitos de “malversación de fondos” y “falta a los deberes de funcionario público“. Los presuntos delitos por los cuales Sánchez pidió que sean investigados Morelli y sus ex funcionarios más cercanos surgen de una auditoría externa que encargó el ex piloto a principios de año. Hasta ahora el monto de las presuntas maniobras rondarían los $ 28 millones. Pero la cifra podría ser mucho mayor en razón de que Sánchez planteó nuevas sospechas de irregularidades en el manejo de dinero que ingresaba por la Dirección de Rentas. 

De un informe hecho por la contadora Dora Bueno, surge que durante 2014-2015 se habrían pagado en forma irregular unos $ 20 millones a la Cooperativa de Trabajo Miguel Lillo, en el marco del programa federal de obras “Más Cerca”. La cooperativa en cuestión está integrada por empleados municipales, quienes al parecer ejecutaron proyectos de obra con recursos de la Intendencia. “Aquí los funcionarios pagaron lo que la cooperativa nunca compró o gastó porque los materiales, la mano de obra y las maquinarias, eran del municipio”, advirtió Julio César Herrera, secretario de Gobierno de la Municipalidad concepcionense.

“Se trató de un círculo cerrado en que el ex intendente efectivizaba los trabajos, los autorizaba su hijo Franco y los recibía un socio de este último”, añadió. 

En la nueva presentación de Sánchez se abrió otra línea de sospechas en torno al manejo de recursos que ingresó por el área de Rentas. “En la revisión de tan sólo un mes de recaudación, se advirtió un faltante de $ 1 millón”, informó Herrera. “Ahora vamos a tener que realizar una ampliación de la auditoría porque hay dinero que ingresó por tributos, por multas y por otros conceptos que no aparece en caja”, reveló Herrera.

En una de las tres denuncias presentadas por Sánchez, se sostiene que ex funcionarios de Hacienda, a cargo de Morelli, procedieron a librar el 19 de agosto de 2015 cuatro cheques por $ 2 millones cada uno, totalizando $ 8 millones. “Curiosamente, (esa suma) retirada cuatro días antes de los comicios de renovación de autoridades provinciales y municipales no fueron imputados a pago o transferencia algunos, habiéndose ‘diluido o esfumado’”, indica una de las presentaciones judiciales, (las otras corresponden a los trabajos mencionados antes por la cooperativa Miguel Lillo y a presuntos cursos de capacitación “fantasma”). Según relata el jefe municipal en el documento, no existe “comprobante respaldatorio o registro alguno en Tesorería General o en Contaduría General del destino de los fondos”. Además, consignó que en agosto de 2015 la gestión de Morelli emitió 2.069 cheques por $ 600 cada uno; es decir, por un total de $ 1,24 millón. “El destino de este dinero es un misterio total que espero la Justicia lo devele”, añadió Herrera.

En su descargo, Morelli había dicho que se encontraba tranquilo. “Estoy analizando estos temas, pero sin dudas está todo en orden. Aquí nadie se ha quedado con nada”, había refutado el actual legislador del bloque oficialista Tucumán Crece. “Yo era el intendente, pero no es que hacía las órdenes de compra. De todas formas, estoy seguro de que estará todo en orden”, remarcó Morelli.