El fiscal federal Emilio Ferrer inició una causa de oficio y ahora espera información del Ministerio de Defensa para avanzar en la investigación. En la escandalosa lista de involucrados figuran los conocidos periodistas Osvaldo “Cacho” García y Roberto Alvarez. Investigan de qué manera incidieron o participaron en los delitos de lesa humanidad.
El escándalo se desató en marzo pasado cuando el Gobierno nacional destapó los archivos secretos y dio a conocer las listas con los nombres de quienes habrían colaborado con los militares del último gobierno de facto.
Como primera medida, Ferrer solicitó información al Ministerio de Defensa para saber de forma fehaciente de qué manera incidieron o participaron en los hechos de privación ilegítima libertad, torturas, desapariciones y de homicidios contra miles de tucumanos.
Una vez que cuente con sospechas firmes, el fiscal recién podría avanzar en la etapa de indagatorias, procesamientos y por último, el requerimiento a elevación a juicio oral y público. Por ahora, la causa se maneja con mucha cautela y hermetismo.
Las listas del Destacamento 142 (dependiente del Batallón 601) que consignan a 127 agentes tucumanos desataron la polémica porque involucran a dos personajes públicos: a Félix Roberto Alvarez, probablemente más conocido por el programa “Roberto con la Gente”, que se transmitía por un canal local de cable, y a Osvaldo “Cacho” García, actual jefe del informativo de Canal 10.
Desde HIJOS manifestaron en su momento que en su investigación detectaron que García habría trabajado para el Destacamento 142 de Inteligencia (correspondiente a Tucumán) entre octubre de 1981 y noviembre de 1983. Mientras que Alvarez lo habría hecho desde diciembre de 1978 hasta noviembre de 1981. Ambos en carácter de “agente de reunión”, designación genérica con la que se designaba a quienes reunían información para facilitar las tareas de inteligencia de las Fuerzas Armadas. “Tanto Cacho García como Alvarez, siendo civiles contratados por el Ejército para ejercer tareas de Inteligencia, formaron parte del aparato represivo”, alertó la agrupación de derechos humanos.
La información fue aportada durante el último año por el programa Verdad y Justicia, y por el Archivo Nacional de la Memoria (ANM), que dependen del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Luego se entregaron a magistrados de cada jurisdicción informes de los respectivos destacamentos y sus integrantes, con detalle de cursos realizados (interrogadores, entre otros) y tareas asignadas según categoría y cargo.
“El 601 estaba integrado por representantes de todos los servicios de inteligencia importantes del país, al cual todos los organismos debían apoyar”, explicó en 1986 quien fuera su jefe en 1976 y 1977, general Alberto Valín, que murió impune. “Eran los especialistas en interrogatorios, los únicos que sabían hacerlo. Operaban en todo el país, con vestimentas de civil. Gracias a ellos se ganó la guerra”, destacó durante su declaración indagatoria el condenado general Santiago Riveros, ex comandante de Institutos Militares de Campo de Mayo, según publicaciones del diario Página 12.

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