La Subsecretaría de Trabajo investiga a un grupo de personas que llegaban de Mendoza y Buenos Aires y amenazaban a trabajadores bolivianos con deportarlos.
Según indicaron desde Gobierno a través de un comunicado de prensa, se presentaban como una supuesta PYME ante un grupo de obreros de origen boliviano a quienes amenazaban con denunciarlos ante organismos públicos para que lo sancione, multe y hasta deporte.
La Subsecretaría de Trabajo de la delegación San Rafael, la Asociación Boliviana de la localidad de Cañada Seca y la Municipalidad de San Rafael -también en el sur provincial- realizaron la denuncia penal ante la Fiscalía de Instrucción de ese departamento con el objetivo de que se investigue al grupo de personas que además de amenazar a los obreros, pretendía cobrarles.
De acuerdo a lo señalado desde el gobierno provincial, en la denuncia se expresa que estas personas visitaban a los miembros de la comunidad boliviana y les solicitaban dinero para dejarlos trabajar y no denunciarlos ante la AFIP, Subsecretaría de Trabajo, Ministerio de Trabajo, Dirección de Migraciones y Gendarmería.
El coordinador de la Subsecretaría de Trabajo en el sur, Raúl Oyola, explicó al respecto que "un grupo de miembros de la comunidad boliviana que habían formado una asociación comenzaron a comentarnos que ellos estaban confiados que estaban actuando de buena fe, porque periódicamente venían a visitarlos un grupo de personas de Mendoza y de Buenos Aires que les aseguraban que si les abonaban ciertas sumas de dinero iban a tener una especie de impunidad".
"Decían que no iban a recibir inspecciones de ninguno de los organismos encargados de realizarlas a nivel nacional, provincial o municipal, como así también en caso que se hubiesen labrado infracciones, como fue el caso de las infracciones por trabajo infantil, las iban a hacer desaparecer", comentó.
Estas personas, mensualmente aparecían a cobrar el dinero a quienes trabajan en la actividad del ladrillo, señalando que esa plata correspondía a la cuota sindical.
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