Según vecinos de la zona, ubicada sobre la ruta 306 (altura kilómetro 2,5), los desechos comenzaron a arrojarse, aproximadamente, el 12 de marzo hasta el 18 de abril pasado.

Durante cinco semanas, camiones de la empresa Transportes 9 de Julio (encargada del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos de la capital) se desviaron del camino oficial establecido para el tratamiento de la basura y dispusieron los desechos en una antigua cantera de áridos perteneciente a la firma Elías Hermanos.

El circuito determinado para la gestión de la basura en el Gran San Miguel de Tucumán fija que los camiones recolectores de los seis municipios que integran el Consorcio Metropolitano (Alderetes, Banda del Río Salí, Yerba Buena, Las Talitas, Tafí Viejo y Capital) deben arrojar los desperdicios en la planta de transferencia ubicada en Pacará Pintado. Desde allí, la basura es trasladada hasta el predio de disposición final ubicado en Overa Pozo. Sin embargo, este sistema evidencia fisuras con implicancias tanto políticas como ambientales.

Sugestivamente, el 12 de marzo pasado, el intendente bandeño, Zacarías Khoder emitió la resolución Nº 214/13 que autorizó la ejecución de un plan de cierre y recuperación de la cantera de áridos de Elías, dispuesta en noviembre de 2006 por la Dirección de Minería de la Provincia.

Desde entonces, en diferentes horarios del día, camiones con basura de la Capital y, según vecinos, también de Banda del Río Salí, comenzaron a disponer allí su carga de desechos. Los residuos reciclables fueron seleccionados por personas agrupadas, supuestamente, en una cooperativa de trabajo que estaría ligada Khoder. El resto de la basura orgánica se dispuso en el fondo de la cantera, a modo de relleno. Esta metodología se repitió diariamente, durante cinco semanas, hasta que la bomba explotó en la Secretaría de Medio Ambiente (SEMA) de la provincia.

Como autoridad de aplicación de la Ley Nº 8.177 (devolvió la responsabilidad del manejo de los residuos sólidos urbanos a cada municipio), la SEMA emitió pedidos de explicaciones al presidente del Consorcio Metropolitano, Pablo Kunik, a Khoder y al intendente capitalino, Domingo Amaya.

Por lo pronto, y tras una inspección efectuada el 15 de abril por un inspector de la Dirección de Minería, trascendió que Elías Hermanos, como propietarios de la cantera, serán los primeros en recibir una multa. Según las normas vigentes, las canteras en desuso, dentro de un plan de cierre, jamás pueden ser rellenadas con desechos orgánicos.

“Acá hubo una serie de irregularidades que deben investigarse. ¿Por qué tiraron basura a la vuelta de nuestras casas si los municipios, a través del Consorcio, le pagan a Pacará Pintado y Overa Pozo para disponer de los residuos en sus predios? ¿Quién dio la orden a los camiones recolectores a desviarse del camino y no dejar la basura en Pacará como corresponde? Se dispuso basura en una cantera que no está impermeabilizada y ubicada a metros de la cuenca Salí-Dulce”, advirtió a Primerafuente José Argañaráz, vecino de Los Vallistos. (VER VIDEO)

El escándalo político llegó a tal punto que el propio Khoder tuvo que desdecirse y emitió el decreto Nº290/13, el 27 de marzo pasado, a través del cual, prohíbe la continuidad del irregular plan de cierre de la cantera de Elías.

“Se observó (…) la entrada de camiones con residuos pertenecientes a San Miguel de Tucumán. El sitio está operando como un sitio de disposición de residuos pero en pésimas condiciones sanitarias con el riesgo que esto implica para los vecinos. En el mismo se observó la presencia de personas realizando la separación de residuos sólidos urbanos provenientes de San Miguel de Tucumán, en malas condiciones sanitarias y trabajando en forma desordenada y lo que es más grave, es la presencia de niños en la selección de los residuos”, sostiene el decreto municipal firmado por Khoder.

Consultado por Primerafuente, el Subsecretario de Protección Ambiental de la SEMA, Sergio Villafañe, confirmó la anormalidad denunciada por los vecinos (VER VIDEO EN NOTA RELACIONADA). Afirmó que se enviaron pedidos de informes al municipio bandeño y al Consorcio Metropolitano, entre otros, para determinar la responsabilidad de esta irregularidad.