Fue acusada por el fiscal Ignacio Di Maggio por presuntas maniobras ilegales junto a una psicóloga. Se trata de certificados médicos "por estrés crónico producto de mobbing laboral".
A la letrada de nombre Cintia se le imputa de manera inicial el delito de estafa en perjuicio de la administración pública, mientras que a la psicóloga de nombre Adriana se le reprocha igual quebrantamiento, en calidad de partícipe necesaria.
El ilícito está penado con prisión de un mes a seis años a quien produzca un fraude con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño.
El fiscal sostuvo que se le atribuye a la abogada -que se desempeñaba como asesora del consejero Enry Rebolledo-, haberse enterado que su contrato temporal sería rescindido a partir del 5 de julio del año pasado, y que acudió en forma inmediata al estudio de la psicóloga.
Explicó que en las primeras horas de la mencionada fecha se presentó en el lugar de trabajo habitual, llevando consigo un certificado médico emitido por la profesional que indicaba reposo laboral por “treinta días por cuadro de estrés crónico producto de mobbing laboral”.
Surge también de las investigaciones, en la que también interviene el juez Marcelo Muñoz, que la abogada entregó luego “tres certificados médicos más que extendieron su licencia médica paga hasta el día 6 de marzo de 2011”.
En las constancias se demuestra que en los documentos con fecha 5 de agosto de 2010 se ordenaba reposo por 60 días, el 4 de octubre por otros 60 días y el último con fecha 6 de diciembre indicaba una licencia laboral por 90 días de tranquilidad.
Di Maggio consideró que con la presentación de tales “certificados médicos apócrifos, adulterados ideológicamente” por la profesional “pudo evitar ser notificada de la decisión administrativa de rescisión contractual”.
Maniobra
Añade además que la maniobra llevada a cabo por la imputada con “conciencia y voluntad” determina que tales certificados médicos “fueron expedidos de favor de la imputada con el fin de evitar la rescisión contractual”.
La idea no era otra que “permanecer en situación de licencia paga por enfermedad percibiendo las remuneraciones inherentes al cargo que desde julio de 2010 a enero de 2011, asciende a la suma de 63.300 pesos.
En cuanto a la conducta desplegada por la psicóloga se señala que su colaboración fue “indispensable para la realización del fraude” y sin el cual el hecho no habría podido ser llevado a cabo.
Comparencias
Di Maggio reclamó al juez de la causa que disponga con carácter urgente ordenar al Consejo de la Magistratura de Neuquén que se abstenga de abonar las remuneraciones devengadas a la imputada durante el periodo febrero de 2011.
Además pidió al magistrado que requiera del Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN) la remisión de su historia clínica psiquiátrica y una pericia psicológica realizada por el Gabinete Forense del Poder Judicial, concentrando el estudio “en la presunta patología invocada y prescripta a la letrada”.
También solicitó la comparencia al Juzgado Penal del consejero Rebolledo para que preste declaración testimonial y se requiera al Consejo de Magistratura el dictamen de junta médica que le fuera realizada a la asesora, confirmando su patología y distinta documentación de interés.
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