Una causa por discriminación y una investigación por presunta explotación de menores se abrieron este fin de semana en La Plata, luego de que en una fiesta organizada por una agencia de viajes de egresados se impidió la entrada de un joven por las zapatillas que usaba. El fiscal que intervino detectó, además, un posible uso indebido que la compañía ejercería sobre los estudiantes en el proceso de ventas de entrada para esos eventos: se quedan con 30 de los 50 pesos del costo del ticket.

El caso llegó a manos del fiscal Fernando Cartasegna, quien recibió la denuncia de un hombre, quien aseguró que el dueño de un bar platense le prohibió la entrada a su hijo por el calzado que tenía puesto. La misma persona fue la contó la operatoria de la venta de entradas. La empresa ofrece la realización de la fiesta y los chicos vender las entradas con esas condiciones.

El hecho ocurrió el fin de semana pasado en una fiesta organizada entre una agencia de turismo (el nombre de la compañía se preserva por pedido judicial para no entorpecer al investigación), y estudiantes secundarios de tres colegios.

El fiscal Fernando Cartasegna dijo que pedirá la intervención del Inadi y adelantó que la investigación se amplificará para determinar si las empresas turísticas establecen la explotación de menores, al hacerlos vender entradas para fiestas privadas y quedarse con el mayor porcentaje de la recaudación.

El episodio se registró durante la madrugada del sábado en el bar Rouse, de diagonal 74 entre 57 y 58, en una fiesta organizada por una agencia que ofrece viajes de egresados, para la cual los alumnos de tres colegios de la ciudad vendieron entradas. Según trascendió, el costo de cada ticket fue de 50 pesos y el 60 por ciento de la recaudación final quedó en manos de la empresa, mientras que el restante 40 fue para los adolescentes.

"Altas llantas". El conflicto se originó cuando –siempre según la denuncia- el dueño del lugar le prohibió la entrada a uno de los alumnos por el calzado que llevaba puesto. “Tenía unas zapatillas deportivas con cámara de aire. La verdad no entiendo cómo una marca o modelo es parámetro para entrar o no a un bar”, cuestionó Cartasegna.

El caso llegó a manos del fiscal, quien aseguró a este medio que de no oficializarse la denuncia por parte del padre que lo llamó, la investigación será abierta de oficio. Además reconoció que pedirá la intervención del Inadi porque el caso registra una grave cuestión discriminatoria ya que se violaron varias convenciones internacionales.

Cartasegna amplió a Diagonales que del episodio se detectó una gran falta por parte de los propietarios del espacio recreativo, ya que “si no dejaron entrar al joven por una cuestión de seguridad tampoco deberían realizar un evento con menores y permitir la venta de alcohol”.

¿Explotación? La investigación tendrá además otra dirección y el funcionario judicial intentará determinar si la empresa turística realiza o no un aprovechamiento de los jóvenes para generar ingresos.

Cartasegna informó que los alumnos pagan cerca de 20 mil pesos para el viaje de egresados y que las fiestas pretenden aliviar el costo del paquete, aunque el 60 por ciento del dinero reunido se lo queda la agencia.

“Voy a abrir la causa por averiguación del delito de explotación de menores. A los alumnos no les dan nada relacionado con el viaje por vender entradas. Ni noches o excursiones pagas. No hay otra iniciativa que recaudar dinero”, sentenció.

Así, las empresas turísticas encargadas principalmente de vender paquetes de viajes de egresados estarán en el ojo de la Justicia local. También el resto de los locales nocturnos donde se realizan las fiestas.