El caso se gestó el 7 de setiembre pasado, cuando uno de los acusados, Héctor Adrián Coutada, charlaba con un amigo, Ricardo Betancourt. En medio de esa charla, Betancourt, según lo confirmado por el propio Coutada en su descargo, recibió mensajes de textos de una de las tres alumnas, circunstancias en que evidenció su fastidio por esas comunicaciones.

También se pudo saber que Betancourt denunció el acoso y existe una investigación judicial al respecto. El trámite de las actuaciones a partir de la denuncia de padres y docentes por los supuestos mensajes está en la fiscalía correccional 7, a cargo de la fiscal Gabriela González.

Coutada, según el expediente, reconoció que tomó nota del celular y, aparentemente, en busca de sacarle de encima el problema a su amigo tuvo contacto con la interlocutora, la conversación telefónica ya fue recuperada por la fiscalía correccional 7, y de ella surge que sería la misma alumna que amenazó a sus compañeras, quien animó la cita al día siguiente, encuentro que no llegó a concretarse.

El mismo Coutada, representado por el abogado Ricardo Poclava, confirmó que le pidió a un amigo, Adrián Zelaya, que lo acompañara. Así fue como ambos acusados se dirigieron a Coronel Moldes, donde fueron detenidos a poco de llegar.

Al margen de que el acusado negó la imputación de pedófilo, y que siguió los contactos con la estudiante convencido que era mayor, en uno de los mensajes de texto se advierte que Coutada preguntó primero si había una persona mayor.

Medida restrictiva

El caso fue tratado en un principio, por cuestiones de turno, por la fiscal correccional 4, Gabriel Portal, quien al ver la transcripción de los mensajes de texto, y dado que ninguno de ellos, tenía connotaciones sexuales, como así también conocer las declaraciones de las alumnas, dos de las cuales acusaban a una en particular de ser quien habló e intercambió los mensajes con uno de los acusados, dispuso la libertad de ambos.

Como medida complementaria la fiscal dispuso una medida restrictiva por la cual a Coutada y a Zelaya se les impuso la orden de no acercarse a la escuela ni a Coronel Moldes.

Posteriormente, el caso fue girado a la fiscal correccional 7, Gabriela González, quien tiene jurisdicción en esa zona y está a cargo del caso.

La medida se tomó en vista de que si bien los mensajes no revelaban actividades de pedofilia, si está claro que el juego telefónico apuntaba a un encuentro amoroso, aunque se desconoce si los acusados y las alumnas sabían quiénes eran y las edades que tenían.

Hace dias, un grupo de padres y docentes visitaron a la fiscal Portal, quien los puso al tanto de lo que había sucedido, circunstancia en que los visitantes no manifestaron ningún desacuerdo.

Además, del expediente no surge declaraciones ni informes de que los acusados hayan mencionados contactos influyentes. En la planilla prontuarial de ambos no tienen antecedentes penales ni policiales.