Al distribuir casi 900 toneladas de merluza, el gobierno fijó novedosas exigencias para los armadores. Entre otras cosas, determinó en cuáles plantas deberá ser procesada la captura. Y le otorgó al SOIP un papel de fiscalizador. Podría perdurar hasta 2024.
Al mismo tiempo, propuso que dicha asignación -que originalmente se concedió hasta finales de 2011- se renueve automáticamente en 2012 y perdure por un período de 13 años.
De esta manera, parte de la reserva social que posee la Provincia no sólo seguiría en poder de estos armadores hasta 2024, sino que también, quedaría a disposición de una limitada cantidad de plantas en tierra, las cuales fueron las únicas autorizadas para realizar las tareas de procesamiento.
La medida fue adoptada en el marco de la reunión del Consejo Federal Pesquero realizada el pasado 6 de octubre, en cuyo acta se estableció que cinco buques nucleados en la Unión de Intereses Pesqueros Argentinos (Udipa), recibirían hasta fin de año 171,2 toneladas de merluza hubbsi cada uno.
De este modo, el CFP, por iniciativa de la Provincia de Buenos Aires -cuyo representante local es el secretario de Producción municipal, Horacio Tettamanti- respondió de manera favorable a un pedido realizado por la cámara empresarial, que había solicitado que algunos de sus barcos recibieran una cuota adicional de merluza para garantizar sus operaciones durante los próximos meses.
Hasta ese punto, el trámite resultó muy similar a otros tantos. Sin embargo, como parte de la medida fueron incluidas condiciones tan novedosas como llamativas.
Una de ellas consistió en determinar que el procesamiento de la materia prima se realizará obligatoriamente en las plantas integrantes de la Cámara de Frigoríficos Exportadores de la Pesca (Cafrexport), definiendo así para los propietarios de los buques, un único circuito de comercialización.
La disposición llamó de inmediato la atención dentro del sector, ya que nunca antes las autoridades bonaerenses habían establecido este tipo de exigencias, limitando las posibilidades de que los armadores negocien libremente sus capturas en el mercado.
Los resquemores por el uso de este criterio se hicieron presentes dentro del sector a poco de que la medida fuera publicada, ya que se trata de un concepto muy similar utilizado durante los últimos años por provincias patagónicas y que fue motivo de numerosos cuestionamientos por sus efectos adversos.
Así como esta disposición no pasó desapercibida, tampoco resultó inadvertido el hecho de que los armadores beneficiados con la cuota social, deban acreditar ante las autoridades oficiales haber entregado sus capturas a las plantas preestablecidas, cosa que también tendrá que hacer el Sindicato de Obreros de la Industria de Pescado (SOIP).
De este modo, el gremio obtendría un nuevo papel actuando como fiscalizador dentro del circuito de distribución de la merluza que se generaría entre los armadores acreedores de la cuota social y las plantas integrantes de Cafrexport.
Finalmente, la asignación de la cuota social, estuvo acompañada por otro dato para nada menor.
En la reunión del Consejo Federal Pesquero, los representantes de la Provincia también encomendaron la realización de un proyecto por el cual se asegure que esta medida se prolongue por un plazo de 13 años, a partir de 2012. Es decir que de este modo, los cinco buques que acaban de recibir la cuota social así como Cafrexport podrían asegurarse hasta 2024 la explotación de las toneladas de merluza hubbsi que se les otorgó en carácter de emergencia.
De este manera, la Provincia dejaría en manos de un reducido grupo de empresarios la explotación de un recurso denominado "reserva social" , llamado así por su uso para resolver cuestiones de emergencia dentro de la actividad.
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