A casi un año del fatídico temporal del 2 de abril, aún existen muchas dudas respecto a cuántas fueron las víctimas fatales del temporal. Las sospechas apuntan a supuestas presiones políticas que se habrían instrumentado ya sea para ponerle trabas a la investigación o, en su defecto, para llevarla por carriles que nada tienen que ver con lo que realmente sucedió.

En ese contexto, en las últimas semanas, comenzaron a aparecer distintos indicios que comprometerían seriamente a la titular de la Procuración bonaerense, María del Carmen Falbo.

En diálogo con Hoy, Soledad Escobar, que es querellante en la causa que se tramita ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de nuestra ciudad, a cargo de Luis Arias, donde se están investigando graves irregularidades en la morgue policial, afirmó: “En el Senado de la Provincia, Falbo salió a defender al primer fiscal de la causa (que luego fue apartado), diciendo que las autopsias a los cuerpos encontrados en la inundación se podían hacer o no. Como si todo esto fuera un tema menor de los médicos, cuando ante cualquier muerte traumática, con sospecha de criminalidad, como lo dice el propio Código Penal, la autopsia es obligatoria. No existe excepción en el código procesal penal para dicha situación”

Las declaraciones se dan luego de que, por orden de Arias, la Gendarmería allanó la Morgue Policial, secuestrándose pruebas que, en un principio, acreditarían la hipótesis sobre la existencia de serias irregularidades en el tratamiento que se les da a los cadáveres que están judicializados: en varios casos no se halló el IP (la Instrucción Preparatoria) que remite a una causa penal. Eso no es todo, la Gendarmería habría detectado la existencia de cuerpos sin documentación judicial que justifica su presencia en la morgue, y graves deficiencias de infraestructura: frascos con muestras sin rótulo ni mantenimiento; sistemas de refrigeración deficientes o que directamente no funcionan; cadáveres compartiendo un espacio apto para uno sólo, en algunos casos pegados entre sí y varios de ellos en estado de descomposición; restos esqueletizados propios de una persona pequeña (probablemente un niño) y fetos; huesos que tuvieron que ser analizado para corroborar que se trataba de al menos dos perros.

El juez pretende investigar si las distintas irregularidades detectadas podrían haberse aplicado en víctimas fatales de la inundación del 2 de abril que no engrosaron los listados oficiales.

Escobar remarcó: “La propia Procuradora está negando la comisión de un ilícito, una cosa dantesca. Solo acá puede pasar eso inadvertido para el resto de la gente”. Y agregó que las fiscalías, que precisamente dependen de Falbo, son las que permiten que “haya defunciones dobles sobre un mismo cuerpo, dándole un cheque en blanco a sectores a la policía para ocultar muertes. Se trata de oficios que salen de la fiscalía a su cargo. Además, llamativamente, la Procuración tiene un sistema informático que no puede detectar que ya se emitió una orden de defunción, es decir, la inscripción de la defunción de una persona en una causa formal. Es un sistema incapaz de detectar que se emite una orden de inscripción para una defunción, dos veces”.

Ante las denuncias que viene realizando, Escobar fue amenazada de muerte. Lejos de brindar protección, y pese a los desesperados pedidos de la querellante, no se le asignó ningún tipo de custodia. Las sospechas de la inacción, una vez más, recaen sobre Falbo. “Después de las 24 horas que pasé en la morgue, me mandan un mensaje en Facebook de que van a matar a un familiar mío en Mar del Plata, que es un familiar que muy pocos saben que tengo. Hay una inteligencia de la policía para hacer esto. Además me jaquearon la cuenta de Twitter y me hicieron saber que estaban escuchando mis conversaciones. Luego, cuando fui a una asamblea de inundados en Tolosa, un patrullero paró y preguntó si ahí se hacía la asamblea. Hice la denuncia en la fiscalía de Ana Medina y pedí custodia, y nunca tuve respuesta”.

No es la primera vez que Falbo queda en la mira por manipular investigaciones judiciales en función de intereses políticos. De hecho, días atrás, en las páginas de nuestro diario expusimos a forma en que la Procuradora movió hilos para que una pesada denuncia que la involucra, realizada por un fiscal que habría sido “apretado” para que renuncie (hasta hizo una cámara oculta), terminó en Mar del Plata, a casi 400 kilómetros de La Plata, donde actualmente duerme el sueño de los justos.

Defender lo indefendible

Veinte días después de las inundaciones, Falbo comenzó a poner trabajas en la investigación judicial. En ese sentido, la Procuradora dispuso desplazar al defensor oficial, Julián Axat, que venía investigando lo sucedido, especialmente el llamativo hecho de que no haya ni siquiera un menor en el listado de víctimas fatales.

Días más tarde, en su presentación en el Senado bonaerense, Falbo intentó defender su decisión afirmando que Axat “no estaba legitimado para actuar” y que el juez Arias “se excedió porque la investigación la debe hacer un fiscal”.

Ahora bien, consultada puntualmente sobre los fallecidos por el temporal, Falbo reconoció que “puede haber más muertos a consecuencias de las inundaciones, es muy difícil poder afirmar que están todos en la lista oficial”. Y estimó que en 40 días podría comenzar a develarse el resultado de la investigación. Los plazos se cumplieron hace varios meses, y los resultados de la investigación jamás se dieron a conocer públicamente.