En diálogo con LT9, el constitucionalista Iván Cullen expresó su postura contraria a la decisión del gobierno provincial de posponer el trámite de reparación económica de los afectados por la emergencia hídrica del año 2003. En este sentido, el abogado rosarino reconoció la controversia sobre las responsabilidades del Estado y la imposibilidad de aunar una tarifación para resarcir los daños.

“¿Cuál es la responsabilidad que le cabe a la Provincia? La postura es clara: la provincia es responsable en cuanto a que no se culminó el famoso tramo Nº 3 y allí reside buena parte de dicha responsabilidad. Lo demás pertenece a una llamada concausa, que es el fenómeno natural que abatió a Santa Fe. Por eso está el Comité de Expertos, que evaluará estos términos”, explicó el Dr. Cullen.

Vale decir que las controversias reales comienzan cuando se trata de unificar una “tarifación a los daños materiales, pero todavía nos preguntamos cuál es el valor de una vida humana”, relató el apoderado de varios querellantes, al tiempo que recordó que si bien existen antecedentes, “se constató bien el daño, pero está mal evaluado”.

“El problema debe definirse una vez establecida la responsabilidad del Estado”, categorizó Iván Cullen.

Párrafo aparte, el abogado dijo que lo más importante es la “voluntad política de terminar este tema”, aunque advirtió que la prórroga establecida por el gobierno provincial se debe a las observaciones que varios profesionales realizan en torno al sistema de análisis de la tragedia.

“La tarifación debe ser sometida al nexo causal. Pero en el caso de una inundación, ¿qué me resta probar? Los inundados vivieron un mes en carpas, con problemas de salud e inconvenientes psicológicos para las víctimas. ¿Cuál es el costo?”, se interrogó Cullen.

Finalmente, en diálogo con Una Mañana de Locos, el constitucionalista pidió colocar “una cifra razonable, en base a la división de la responsabilidad entre lo omitido por el gobierno y la concausa natural del fenómeno meteorológico. Porque de la suma dispuesta, de allí se van prorrateando los montos e incluso con la posibilidad de ser pagado a diez años. No puede ser aceptable, necesitamos elementos tangibles para poder aceptarlo”, concluyó.