La Fiscalía de Estado de la provincia extendió –por Resolución- el plazo que habilitó a los reclamantes afectados por las inundaciones de 2003. La prórroga es de un mes “y se debe a que observamos un bajo interés en la posibilidad”, dijeron fuentes de ese organismo. El pasado 10 de abril, el Gobierno abrió un período de dos meses para opinar sobre un mecanismo participativo para la elaboración de una norma de aplicación entre los afectados por las inundaciones de 2003 en Santa Fe, que demandaron al Estado santafesino en la justicia, o en sede administrativa.

El Fiscal de Estado Jorge Barraguirre elaboró en el segundo semestre del año pasado un procedimiento para conciliar las reclamaciones administrativas o judiciales. Relevó el borrador con los principales estudios jurídicos que tiene el grueso de los casos y les propuso importar una norma del derecho público nacional que permite escuchar la opinión de todos los afectados. Para algunos estudios jurídicos “es más dilación y menos expectativas de cobro”, para la gestión socialista es una herramienta “que establece un mecanismo participativo para la elaboración de una norma jurídica”, según dijeron a Notife.com fuentes de ambos lados.

El Gobierno abrió, entonces, un plazo de dos meses para opinar el 10 de abril pasado, unos días antes del séptimo aniversario del ingreso del agua del río Salado a la ciudad por una grieta enorme que significó dejar inconclusa la obra vial de la Avenida de Circunvalación.

Concretamente, el ofrecimiento de la gestión socialista está orientado a lograr la instalación de una comisión de expertos que deberían trabajar en dos paneles: uno científico (orientado a establecer la responsabilidad del Estado en el daño provocado por el río) que dispondría de 60 días para trabajar. Otro panel sería el jurídico, que se sumaría a la comisión de expertos periciales para fijar pautas de comunicabilidad. Es decir, la traducción de la responsabilidad civil. Una vez establecido esto, dispondrían de otros 60 días para arribar a la propuesta.

En principio, mañana vencía el plazo recibir las críticas o los aportes a la idea del Gobierno, pero con la prórroga se extendió hasta el 10 de julio. Una vez recibido los comentarios, la Fiscalía de Estado podría resolver cuál es el reglamento del procedimiento.

Los estudios jurídicos que patrocinan a los afectados tienen un universo de 6.000 reclamantes, aproximadamente. El 60% de ellos es asesorado por el abogado Iván Cullen. “Igualmente, el total de los casos no se traduce en idéntica cantidad de causas judiciales en trámite, puesto que muchos juicios fueron unificados en más de dos personas”, explica a Notife una fuente gubernamental.

Según pudo establecer Notife.com, el grueso de los estudios jurídicos manifestaría su desacuerdo con lo ofrecido por el Gobierno actual. “No estamos de acuerdo, no satisface el sistema establecido que le propusimos al Fiscal de Estado en su momento, algunas cosas se tomaron y otras no”, dijo uno de los representantes de los damnificados más poderoso. “El Gobierno apunta a lograr la reducción del porcentaje de pago, basándolo en causas anexas a cuestiones naturales, el daño debería haberse establecido antes”, agregó.

Otros dos estudios jurídicos, directamente, no presentarían comentarios a la propuesta. “Porque no creemos que deba conformarse una comisión de expertos para establecer la responsabilidad de la provincia, del Estado, en las inundaciones. Hay pericias oficiales ya incorporadas al expediente penal que así lo determinan”, sintetizaron.