Ondafe S.A. no realizó increíblemente un trámite gratuito de renovación de la frecuencia, internas en su directorio de por medio, y es legítimo que haya caducado su licencia para usufructuar las señales de AM y FM. El decreto inicial de la presidencia así lo señalaba. Pero ONDAFE siempre pagó los sueldos en tiempo y forma, no registra ninguna deuda con ningún estamento del Estado (Afip-Comfer-aadicapif-nación-provincia-municipio), el decreto primigenio le otorgaba la administración, programación y comercialización a ONDAFE hasta tanto se llamará a licitación. Sin embargo, y en nombre del interés publico (sic) y para salvaguardar los bienes (sic) que son de ONDAFE (es decir para que no se roben así mismos) el Estado cambió de un veedor a un interventor. Dudas, sospechas, certezas de un sector K que busca hacer negocios desnaturalizando la Ley de Medios. ¿Los autores? Gustavo Marconatto y Oscar Kachi Martínez.
La intervención hoy administra bienes privados, comercializa un bien privado, sino cada empresa o particular que publicite debería ser un proveedor del Estado. Ya se registran casos de censura (ver editorial) condicionamientos a periodistas, pero lo que es peor es que el Estado, a través de la intervención promete invertir en una empresa cuya administración es temporaria para equipamiento, nombramiento de personal, cambios de programación, compra de equipos informáticos y tecnología con fondos públicos para después, entregárselo a un privado. Las sospechas recaen en que se intenta con fondos públicos capitalizar la empresa, generar juicios laborales contra el estado (con la persecución de periodistas y trabajadores) para que así el nuevo licenciatario no tenga que HACER INVERSIÓN ALGUNA.
Ya se ha comunicado a periodistas que: no se puede hablar de Clarín, ni de TN, NO SE PUEDEN PASAR MENSAJES EN CONTRA DE LA PRESIDENTA, ni a favor de Agustín Rossi, ni del gobierno provincial en manos del socialismo.
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