Cuando todo hacía pensar que la "virtual" intervención de la Dirección General de Escuela se llevaría adelante, el acuerdo político se rompió y el proyecto que había sido tratado sobre tablas fue pasado a comisión.

Dicha comisión estaría integrada por seis senadores y seis diputados y se encargaría entre otras cosas del "estudio, análisis y seguimiento del funcionamiento del sistema educativo, del régimen laboral del personal docente y no docente para realizar luego un diagnóstico e informe final en el que se propiciarán medidas y acciones conducentes al mejoramiento de dicho sistema".

Entre las facultades, se citan "requerir toda la información que estimen necesaria, considerar todas las peticiones que se efectúen de cualquier persona o entidad, convocar a personas o representantes de entidades gremiales y requerir de cualquier dependencia estatal copia de la documentación que fuera menester".

Extraoficialmente, los legisladores explicaron que no funcionó el consenso logrado en labor parlamentaria, por un lado porque el FAP se opuso y, por el otro, porque el sciolismo expuso su descontento ante lo que sería la intervención de facto de la DGE.

El presidente del bloque de diputados massistas, Jorge Sarghini, consideró que "no hubo un acuerdo por pequeñeces dela poítica, ya que aparecieron sectores que rompieron lo acordado". Asimismo, desde el Frente Renovador adjudicaron a Scioli toda la responsabilidad del conflicto, ya que-insinuaron- si el Gobernador creyese que le sumaría algún punto en imagen no le importaría mantener el conflicto.

Sarghini, a su vez, se solidarizó con la ministra Batakis, a quien llamó para mostrarle su apoyo, sin embargo calificó de "mentiroso" al Gobernador.