La avanzada Judicial contra la empresa Coviares, que trasladó al ámbito del Poder Judicial una lluvia de quejas por parte de los usuarios reflejadas en asociaciones defensoras del consumidor que le reprochan, además, incumplimientos contractuales a la concesionaria que explota el servicio de la autopista Buenos Aires La Plata, podría tener una derivación inesperada en las próximas horas: la ‘provincialización’ del caso.
Hasta ahora, se sabe, el organismo encargado del contralor de la empresa que está en la mira de la Justicia acusada de flagrantes incumplimientos en los contratos de concesión es el Occovi, Órgano de Control de las Concesiones Viales dependiente de la Dirección Nacional de Vialidad. Pero de concretarse el traspaso al ámbito provincial, la empresa tendría que rendir cuentas de sus incumplimientos contractuales ante el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de Scioli, como el resto de las autovías que están bajo la órbita provincial, como el corredor costero.
Entre quienes trabajan esta idea, abundan fuertes críticas a la relación entre Scioli y la empresa Coviares, particularmente en cuestiones vinculadas a la situación financiera de la firma: le reprochan una abultada deuda con el Banco de la Provincia de Buenos Aires, quien en 2001, y junto a otras entidades, le otorgó un “préstamo sindicado” por casi 240 millones de pesos/dólares, que no ha podido cobrar hasta la fecha y a pesar de que el plazo de devolución era a ocho años.
Lo que corresponde de ese monto al Banco Provincia son aproximadamente 120 millones de pesos, de los cuales la empresa paga únicamente los intereses -que se fijaron en el 13% en su momento-, y que implican cerca de 40 millones de pesos por mes.
También entró el administrador en la condonación de la deuda del Banco Provincia a través del fideicomiso creado por la ley 12.726 “siendo que Coviares no es un deudor incobrable sino que precisamente percibe dinero de los usuarios”, tal como explicó en repetidas ocasiones el juez en lo Contencioso Administrativo Luis Arias.

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