Lo aseguró Gustavo Santiago, abocador designado por la Dirección General de Cultura y Educación. Según indicó, la auditoría arrojó supuestas renovaciones sin licitación a proveedores del Servicio Alimentario Escolar. Además, aseguró que el intendente Fernando Gray les envió "cartas a documento", desconociendo su carácter de interventores. Tras sesenta días hábiles, ayer finalizó el plazo por el cual la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, había decretado la intervención del Consejo Escolar de Esteban Echeverría. Sin embargo, el abocador del Cuerpo, Gustavo Santiago, aseguró que a través de la resolución 144, la gestion bonaerense ampliará su auditoría por 90 días hábiles mas.
"Las razones tienen que ver con que se está llevando a cabo una auditoria en el Servicio Alimentario Escolar (SAE), y sobre las cuentas del Consejo", aseguró el interventor, en diálogo con Política del Sur.
En ese contexto, Santiago informó que la auditoría arrojó supuestas "iregularidades en el SAE", puntualizando en que contratos vencidos con proveedores, "fueron prorrogados sin trámites"
"Se dio una renovación de hecho. No hubo un llamado a nuevas licitaciones y continúan los mismos proveedores. El ultimo contrato es 2013. Correspondería llamar a una nueva licitación, que se hace a traves de cada Consejo Escolar", explicó
Otra denuncia que habían realizado los interventores, se refería a la falta de precisiones sobre el destino de mas de 50 millones de pesos enviados por el Gobierno nacional, a través del Fondo Educativo, para la reparación de escuelas.
"Seguimos sin contar con detalles del destino de este fondo educativo. Se sigue acumulado, Echeverría sigue recibiendo fondos de Nación. Como dijimos antes, no vemos una inversión respecto a esos montos", aseguró.
Según Santiago, presentaron una nota al intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, pidiendole explicaciones sobre el destino del dinero de Nación y este respondió tratandolos de "supuestos interventores"
"Nosotros ingresamos con una resolución de la DGCyC y estamos legitimente por el ministro de Educación, la decisión tiene pleno caracter legal. Nos ha enviado cartas a documento cuando hicimos la presentación ante el municipio ante el Fondo Educativo; no reconociendonos como inteventores y pidiendonos que cesemos en esa actitud", protestó.
En contraposición, el abocador aseguró que los consejeros del oficialismo local, el Frente para la Victoria, tuvieron una actitud distinta a la del Jefe Comunal, independientemente del rechazo a la intervención.
"Mas allá de las entendibles diferencias que puedan existir por esta situación, entiendo que los consejeros del FpV puedan sentirse molestos e incómodos. Debo reconocer que la actitud de ellos ha sido racional. No podemos decir que prestaron absoluta colaboración, pero no pusieron palos en la rueda. Vienen al Consejo, en su lugar de trabajo, mas allá que las funciones están abocadas a nosotros", cerró.
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