La decisión del bloque de diputados del Partido Justicialista de convocar al fiscal de Estado Rubén González al seno de la Comisión de Asuntos Constitucionales para que brinde las explicaciones e informes que estime convenientes en función de la apelación al fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que, siguiendo lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia, determina la restitución del cargo en el Tribunal de Cuentas a Elda Pértile, fue analizada desde la oposición.

En este sentido el diputado provincial por Libres del Sur, miembro del bloque Unión por Chaco, Carlos Martínez, entendió que «desde el punto de vista político forma parte de una estrategia continuada de plantear sus problemas internos, antes de buscar la solución de los problemas de los chaqueños, con un ciclo lectivo perdido, la implosión del sistema hospitalario, un escenario de fuerte conflictividad sindical, con demandas irresueltas, necesitamos trabajar estos temas; que planteen estos temas es faltarle el respeto a lo que está pasando con la población», sostuvo el legislador a LA VOZ DEL CHACO.

Más adelante el diputado analizó que «habría que ver la viabilidad del mismo, desde el punto de vista constitucional y legal, porque es un mamarracho lo que hizo el gobernador Bacileff Ivanoff, que envió un pliego de funcionario que se supone que tiene que haber un bloque oficialista que acompañe la propuesta de designación y sino ¿qué clase de oficialismo es esto?», cuestionó. «Y eso implica que esta persona reúna los requisitos de idoneidad, técnica y profesional para que pueda pasar por los controles de asuntos constitucionales», agregó.

Más adelante Martínez recordó que «esta situación está en un limbo jurídico, como no tiene acuerdo del parlamento no es fiscal de Estado. Un fiscal de Estado no puede ser convocado a interpelación porque al igual que el Poder Ejecutivo y otros funcionarios únicamente puede ser removido por el mecanismo de juicio político», detalló. «Ahora, como no es todavía fiscal, porque hay una propuesta que está prendida con alfileres por 45 días más, no sabría cómo se define jurídicamente esta situación», reconoció. «Si uno considera que es fiscal de Estado no podría ser interpelado y únicamente puede ser removido por juicio político, pero como no tiene acuerdo el parlamento no es fiscal tampoco, con lo cual es un funcionario que está en el aire. Uno se pregunta qué tipo de funcionario es», indicó.

Los dos tercios que quiere el PJ

Con respecto a las leyes que pretende tratar el oficialismo antes de fin de año, para las cuales necesitan los dos tercios de los votos de la Cámara, es decir el apoyo de la oposición, Carlos Martínez en diálogo con LA VOZ DEL CHACO consideró que «hay que examinar las documentales, por lo menos el caso del Prosap, si tiene la documental se avanzará, si no tiene habrá que completarla».

También agregó que «en el tema hidrocarburos habrá que examinar bien porque el que se quema con leche ve la vaca y llora; nosotros en su momento le dimos facultades a Secheep de exploración y explotación y no hizo ni un miserable cateo en toda la provincia, y ni siquiera utilizó la autorización que le dimos de emitir bonos por $20 millones para la exploración de áreas petrolíferas del Chaco, el mismo Verbeek reconoció que nunca se hizo uso de este permiso, con lo cual queremos ver la seriedad política a luz de fiascos anteriores».

Con respecto a la intención de convocar a una sesión extraordinaria para la aprobación del presupuesto general de la provincia, el diputado de Libres del Sur consideró que «habría que aprobarlo dentro del período ordinario. Ya se recibieron a los distintos sectores, se recibieron los diferentes aportes, y nosotros estamos muy interesados en que se incorporen algunos aportes que estamos haciendo con respecto a la cuestión de seguridad, salud, educación, de políticas estratégicas de los derechos de las mujeres» comentó. Más adelante anticipó que «si eso no se da va a ser difícil que aprobemos el presupuesto este año, porque el gran problema que tiene es que todas las leyes que ha sancionado esta Legislatura no se cumplen por qué no se le asignan partidas presupuestarias, estando en la ley prevista la asignación de estas».

«Entonces, si no logramos la cuestión de la policía judicial, requiere una inversión importante porque es un área de investigación, es un área específica de fuertes recursos dentro del Poder Judicial, y si no se tiene eso no se puede hablar de políticas de seguridad en la provincia», ejemplificó. «Eso requiere de montos presupuestados en el presupuesto correspondiente del Poder Judicial, y así puedo seguir con los grandes déficits que tenemos con todo lo que tiene que ver con gastos de recursos humanos e infraestructura básica en el sistema de salud, falta de medicamentos, insumos, déficit de profesionales y técnicos que es alarmante lo que ha pasado, y en el presupuesto tiene que haber una visión particular sobre esto, si eso no se da nosotros no vamos a acompañar», aseveró.