En el primero de los casos, al parecer los jefes comunales prefieren pagar embargos y entrar en juicio antes que estar al día con las ART para proteger a los empleados. Menos comprensible es la no adhesión al 82 % móvil que deben hacer los jefes comunales, cuyo trámite incluye un descuento mientras el empleado está en actividad y que garantiza una mejor jubilación.

En este contexto, todos los accidentes de los municipales terminan en un juicio, que seguramente el municipio perderá en atención a que se deja de pagar la aseguradora por considerarlo superfluo, o por falta de dinero para cumplir en tiempo y forma con ese compromiso.

Lo mismo sucede con el pago del 82 % móvil, cuya adhesión los jefes comunales deben gestionar con tiempo, y cuyos descuentos deben hacerse automáticamente mientras el empleado presta servicios en la comnuna, para permitirle una jubilación que no sea tan deprimente (apenas supera los $ 2.000). En este último caso los empleados, una vez jubilados, también se ven obligados a recurrir a un abogado para reclamar por el pago del mismo, asunto del cual también los intendentes por su puesto se desentienden.