El Departamento Ejecutivo promulgó ayer la ordenanza aprobada en la noche del martes por el Concejo Deliberante por la cual se dispuso suspender por un lapso de 90 días las autorizaciones para realizar demoliciones de inmuebles de valor patrimonial y arquitectónico en un amplia zona de la ciudad.

En un trámite inusualmente rápido, la Municipalidad resolvió de este modo poner en práctica la medida, que había sido votada cerca de las 23 horas del martes por los concejales. La decisión de implementar esta disposición con celeridad, obedeció a la necesidad del Ejecutivo de exhibir acciones concretas ante los reclamos de vecinos de diferentes barrios que se encuentran virtualmente en estado de movilización contra la desaparición de viviendas tradicionales que vienen siendo derribadas para reemplazarlas por nuevas edificaciones.

Si bien el artículo más saliente de la ordenanza que ya comenzó a tener vigencia hace referencia a la suspensión de los trámites para autorizar demoliciones, el texto contiene otras disposiciones no menos relevantes. Una de ellas ordena suspender también por 90 días la aplicación de la ordenanza 19.281 en toda la ciudad, dejando sin efecto un beneficio que durante los últimos años vino siendo aprovechado por inversores inmobiliarios para agregarles mayor altura a los nuevos edificios.

Concretamente, esta ordenanza establecía un estímulo para la industria de la construcción, concediendo la posibilidad de construir dos pisos más sobre los permitidos en distintas zonas de Mar del Plata -con excepción de la costa- sobre cualquier edificación que dejara libre la mitad del lote.

Esta fue una de las tantas ventajas que fueron aprovechadas durante los últimos años para maximizar el rédito de las nuevas inversiones inmobiliarias, ya que permitía que siempre y cuando se cumplieran con las condiciones exigidas, se construyeran más pisos de los permitidos por el Código de Ordenamiento Territorial (y por ende más unidades) en sectores residenciales y comerciales de la ciudad.

Medidas en la misma dirección

Sin embargo esta no fue la única ventaja que el municipio resolvió dejar de aplicar durante los últimos tiempos, ya que hace pocos meses también se eliminó la posibilidad de que se construyera un 30% más de la superficie autorizada en el COT, lo que posibilitaba edificar más unidades dentro de un mismo lote.

En este caso, la decisión de la Municipalidad consistió simplemente en dejar que este beneficio que regía desde el año 2002 caducara automáticamente al finalizar su plazo de aplicación, el pasado 31 de enero.

A todo esto, el Ejecutivo decidió sumar una nueva medida, proponiendo limitar la expansión de la construcción en las zonas Residenciales 4 de COT, en un amplio listado de barrios como Chauvin, La Perla o Villa Primera, entre otros. En este caso, la Secretaría de Planeamiento pidió modificar los indicadores de las categoría R4 haciéndolos más restrictivos para impedir que en esos sectores de la ciudad, caracterizados por la presencia de inmuebles bajos, sigan proliferando edificios que modifiquen su paisaje.

El oficialismo pretendía que esta iniciativa fuera aprobada en la sesión del martes pero no lo logró debido a que no obtuvo los dos tercios de los votos de los concejales necesarios para sancionar el expediente en el marco de las sesiones extraordinarias.

El debate sigue abierto

No obstante, esta propuesta podrá seguir siendo tratada en las comisiones internas del Concejo y regresar al recinto en una próxima sesión.

De todos modos en la noche del martes los ediles sí estuvieron de acuerdo en suspender por 90 días los trámites para autorizar las demoliciones en los inmuebles de valor patrimonial en el área comprendida por las calles Alvear, Rodríguez Peña, Santiago del Estero, Larrea, Yrigoyen, Rawson, Olavarría, Brown y Alvear.

Según el texto la veda incluye además a todos los edificios incluidos en la ordenanza 10.075 de preservación patrimonial y que estén fuera de la zona especificada. En la misma ordenanza que comenzó a tener vigencia ayer se aclara que este régimen transitorio "tiene por objetivo propiciar el estudio y análisis de la zonificación urbanística vigente en dicho ámbito, contrastándola con el estado de uso y ocupación edilicia actual y tendencial, a efectos de promover las adecuaciones pertinentes con el objeto de resguardar el carácter y la fisonomía morfológica del mismo". Asimismo se indica que ante la posibilidad de que algún inmueble no contenido en la zona delimitada corra riesgo, el Ejecutivo podrá realizar un "análisis de cada caso particular".

Quedaron exceptuados del régimen de suspensión de demoliciones "aquellas edificaciones que fundado en estrictas razones funcionales o de seguridad requieran en forma parcial la acotada demolición de locales o muros divisorios, sin que ello implique alterar el estilo", se aclaró.