Cuando el fallo quede firme deberá cumplir una condena de ocho años y seis meses en una cárcel común. Está acusado de secuestrar y torturar, junto a otros cinco militares, a dos gremialistas en el año 1976. El tribunal pidió abrir una investigación de otros casos de privación ilegítima de la libertad cometidos durante aquel período.
Lima y Ávalos eran dirigentes gremiales de Uocra en 1976 en Sierra Grande y fueron detenidos, golpeados y trasladados a Viedma, donde continuaron los tormentos y vejámenes. Ávalos permaneció detenido en el sótano de la Escuela de Cadetes y desde allí era retirado vendado y atado en otro lugar donde sufría tormentos. Lima sufrió palizas y maltratos que le provocaron secuelas físicas y psíquicas. Ambos fueron liberados, uno en abril y otro en julio de ese año.
A excepción de la absolución de uno de los imputados, el fallo fue dictado en sintonía con el pedido de la Fiscalía y la querella. Ninguno de los siete acusados presenció la lectura de sentencia, tampoco los abogados defensores Mario Cáccamo y Eduardo San Emeterio, con la excepción de una abogada oficial.
Daniel Avalos, víctima y querellante en el juicio, participó del dictamen en total silencio, sentado en uno de los asientos asignados al público, en compañía de la subsecretaria de Derechos Humanos, Gladis Cofré. También estuvo presente el fiscal general Marcelo Walter Grosso, y el abogado querellante Roberto Gaviña.
Pasadas las 12,45 de ayer, el Tribunal Oral Federal, conformado por los jueces Armando Márquez, Norberto Ferrando y Osvaldo Coscia, rechazó «in tótum» las solicitudes efectuadas por la defensa de los represores, quienes se oponían al calificativo de «lesa humanidad» de las acusaciones y reclamaron su prescripción.
Posteriormente, condenó a los ex militares Raúl Lucio Pedernera y Néstor Rubén Castelli, y a los ex policías Víctor Manuel Lobos, Rubén Alcides Codina, Sixto y Elfio Navarrete, a quienes consideró participes primarios «del delito de privación ilegitima de la libertad agravado por el empleo de violencia, agravado en una oportunidad (caso Lima) por haber provocado un grave daño en la salud del ofendido, hechos calificables como delitos de lesa humanidad».
Al coronel Raúl Lucio Pedernera, represor que se desempeñó en aquella época como jefe de la Policía de Río Negro, le correspondió la pena de 8 años y 6 meses de prisión, con inhabilitación especial por el doble de tiempo.
Al represor Codina, quien se desempeñaba como subjefe de la Comisaría de Sierra Grande cuando Avalos y Lima fueron secuestrados, le corresponde una pena de 8 años de prisión, e inhabilitación especial por el doble de la condena.
El represor Lobos, ex jefe de esa dependencia cuando ocurrieron los hechos en abril del 76', le correspondieron 7 años y 10 meses de prisión, con inhabilitación especial por el doble de la condena.
Para los represores Sixto y Elfio Navarrete, ex integrantes del Cuerpo de Infantería durante ese lapso, purgarán la condena de 7 años y 6 meses, y de 7 años de prisión respectivamente, con inhabilitación especial por el doble de tiempo.
El represor Castelli, ex interventor de la provincia durante el golpe de estado, fue condenado a 5 años y 2 meses de prisión, con inhabilitación especial por el doble de condena.
Para el represor Alberto Mario Marasco, a cargo de la Escuela de Cadetes cuando fueron secuestrados y torturados Avalos y Lima, le correspondió la absolución.
Una vez finalizadas las condenas, el tribunal ordenó que una vez firme el presente fallo, la detención de los condenados y su alojamiento en dependencias del Servicio Penitenciario Federal.
Finalmente, el Tribunal ordenó la «remisión de copias certificadas correspondientes al Juzgado Federal con asiento en Viedma, para que se investigue los presuntos delitos de asociación ilícita, privación ilegitima de la libertad y malos tratos» en perjuicio de Hugo Jorge Palma, Julio Alberto Salto, Alberto Lima, Miguel Sazo y Eduardo Elvio Dinardo.
“He honrado a mis mayores”
El último día del juicio el coronel retirado Raúl Pedernera pudo hablar ante el Tribunal y no proclamó su inocencia ni reivindicó al Proceso Militar, como algunos de sus colegas. Pedernera, uno de los de más edad del grupo de imputados, manifestó sobre esta cuestión que «tengo 85 años, he honrado la herencia de mis mayores».
Recordó que un antepasado suyo fue granadero de San Martín y vicepresidente de la Nación.
«Solamente voy a hablar de mí”, advirtió, señalando que “voy a manifestar mi pena por este proceso que me toca vivir». Tras mencionar a sus antepasados dijo: «ellos me transmitieron la honradez y a mis sucesores les dejo ese legado». En la sala se encontraban sus hijas, visiblemente consternadas.
Veinte días después el Tribunal lo condenó por los delitos que se le imputaban.
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