Lo que no lograron los legisladores provinciales en junio pasado, cuando intentaron llevar sus dietas de bolsillo a casi 14 mil pesos para cumplir la equiparación salarial con el Poder Judicial, será un sueño cumplido para los concejales de la ciudad de Córdoba, que en febrero percibirán algo más de 17 mil pesos, de los cuales casi 13.300 irán efectivamente a sus bolsillos. En el caso del intendente Daniel Giacomino, le liquidarán 19 mil pesos que, deducidos los aportes y obra social, le dejarán un neto de casi 15 mil pesos.

Esos serán los números finales de la nueva escala salarial que acordó el Ejecutivo con el Suoem, que se aplicará en tres etapas a contar desde este mes y que también alcanza a los funcionarios electos y planta política del municipio.

La mejora será del tres por ciento en septiembre; seis por ciento en diciembre; y otro seis por ciento en febrero de 2011, lo que da un acumulado del 15,73 por ciento.

La otra cara de este aumento salarial que cerró la pauta 2010 es que pone a la Municipalidad un poco más lejos de poder cumplir la obligación que Giacomino se autoimpuso por ordenanza de gastar este año no más del 55 por ciento de los recursos en salarios.

Ese tope, que ya no se cumplió en 2009 (en ese momento era del 60 por ciento), motivó en diciembre una denuncia penal de ediles radicales contra Giacomino. Luego Mario Rey (UCR) amplió esa misma denuncia en junio, cuando se conoció que en el cierre presupuestario de 2009 el Ejecutivo no incluyó los salarios pagados en diciembre, una maniobra contable que le permitió bajar, al menos “visualmente”, el gasto en sueldos.

La nueva escala fue aprobada ayer por el Concejo, con un mínimo debate. Sólo votaron en contra del aumento cinco de los seis ediles radicales (Rey apoyó) y también tres concejales de la bancada Eva Duarte (riutoristas).

El episodio no hizo más que blanquear, una vez más, la maraña en la que se metieron –con distinto nivel de responsabilidades– Giacomino y los ediles, al aprobar la norma que limita el gasto salarial. El cuerpo sigue aprobando periódicamente aumentos que conspiran contra cualquier posibilidad de achicar las erogaciones en salarios, salvo que en lo que resta del año se registre un fortísimo aumento en la recaudación, de modo que se revierta la ecuación ingresos/gasto en sueldos.

“Tampoco podemos, por imperio de esta ordenanza, congelar los aumentos a los empleados hasta 2012”, se sinceró un edil, graficando el callejón de difícil salida en el que se metieron.

Hasta en el Ejecutivo hay voces que admiten que la norma del tope es inaplicable, aunque Giacomino no acepta dar marcha atrás en esa cuestión.

Como ejemplo más claro de los escenarios contradictorios que genera la ordenanza, basta mirar lo que ocurre en la UCR, que en su momento impulsó también el polémico tope salarial. Esa bancada siempre votó en contra de las mejoras otorgadas a los municipales, aunque ellos mismos también cobran esos incrementos. Y en el otro extremo, Rey (disidente con la conducción del bloque) ayer aprobó el aumento, pese a que fue quien llevó a Giacomino a la Justicia por incumplir el tope salarial.

Todos ellos sugieren que el municipio no llega al porcentaje de gasto impuesto por la impericia del propio Ejecutivo en bajar otras erogaciones.